Uruguay recibió ayer un inesperado respaldo a su protesta por los cortes de rutas contra la instalación de las pasteras. Apenas asumió la presidencia pro témpore del mercado común de manos de Brasil, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, dijo: “Consideramos que la libre circulación es un valor fundamental para el Mercosur, de manera que ambos países (Argentina y Uruguay) tienen que llegar a un entendimiento”. Hasta ese momento, salvo por la insistencia del canciller uruguayo y el obligado retruque de su par argentino, la controversia por la instalación de Botnia y la consiguiente protesta de los ambientalistas entrerrianos no había aparecido en boca de ningún otro protagonista de la cumbre del Mercosur.

Paraguay, al igual que Uruguay, había planteado en el plenario de presidentes (ver aparte) sus quejas por las asimetrías que perjudican a los países chicos en el bloque comercial. La declaración de Ramírez evidenció la “solidaridad” entre los chicos y marcó diferencias con la actitud que mantuvo Brasil sobre el diferendo bilateral.

El canciller paraguayo informó que el presidente Nicanor Duarte Frutos presentó en la cumbre “un plan de prioridades de la presidencia pro témpore que tiene como centro la evaluación y el cumplimiento del artículo uno del Tratado de Asunción”, acta de nacimiento del Mercosur. Ese artículo determina entre otras cosas “la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países”.

En su planteo ante el Tribunal del Mercosur, Uruguay se basó en ese argumento y obtuvo un fallo que acogió parcialmente el reclamo contra la Argentina por su inacción ante los bloqueos fronterizos. El canciller oriental, Reinaldo Gargano, se había quejado ante el plenario del Consejo del Mercado Común (CMC) porque la Argentina no había hecho cumplir ese veredicto. Su par argentino Jorge Taiana le recordó que, en realidad, es Uruguay el que violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera finlandesa frente a la costa de Gualeguaychú y señaló que por ese motivo el conflicto está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El martes próximo se conocerá el fallo de ese tribunal sobre la presentación del gobierno de Tabaré Vázquez que protestó por la continuidad de los cortes de rutas. Mientras se espera el veredicto, el facilitador español Juan Angel Yáñez Barnuevo hizo gestiones en Finlandia para intentar encauzar algún diálogo entre Uruguay y la Argentina. Los ejecutivos de Botnia habrían aceptado entablar conversaciones siempre y cuando se dejara fuera de discusión la relocalización de la planta que esperan inaugurar en el último trimestre del año.

Ayer, desde Finlandia, la empresa papelera más grande del mundo, Stora Enso, aseguró no haber tomado “ninguna decisión” sobre la construcción de otra pastera en Uruguay. Desmintió, de hecho, al responsable de actividades forestales del grupo en Uruguay y Brasil, quien había asegurado que Stora Enso proyectaba construir en territorio charrúa una fábrica de pasta de papel con una inversión de 1200 millones de dólares. El consorcio, al igual que Botnia, tiene tierras forestales en Uruguay, Brasil y el sur de China.

La tendencia de la industria forestal globalizada es instalar las pasteras cerca de los lugares de producción de madera, preferentemente en el Hemisferio Sur por una cuestión de costos y por el clima que permite un rápido crecimiento de los árboles y las papeleras cerca de los lugares de consumo, es decir en los países desarrollados. De hecho, las fábricas de pasta de papel son las más contaminantes a pesar de la mejora en los métodos de elaboración.

La actitud de Paraguay frente a la controversia argentino-uruguaya puede tener consecuencias al interior del Mercosur que hasta ahora había mantenido “encapsulado” el conflicto para conjurar problemas en el resto de la agenda común.