Aun con los interrogantes que existen por detalles no explicados de las modificaciones al régimen previsional, esta reforma del Gobierno se convertirá en una de las más importantes de la actual gestión sobre la herencia maldita. Como en casi todas las iniciativas oficiales que en estos años han intentado alterar el vínculo con el núcleo duro de poder constituido en los noventa –en este caso, bancos dueños de AFJP–, los retoques son relevantes teniendo en cuenta de dónde se parte, pero son insuficientes para una transformación de raíz.

Las nuevas reglas de funcionamiento del sistema jubilatorio emprolijan el engendro diseñado hace casi trece años con aval y financiamiento del Banco Mundial. No lo cambia. El régimen se convirtió en uno de imprevisión social y fuente de ganancias extraordinarias para las entidades financieras administradoras de dinero de los trabajadores. Y seguirá siendo así, aunque se limitarían esas utilidades con la disminución de la comisión y el replanteo del seguro de vida e invalidez. Todas las dudas que emergen del actual sistema, incluso con las variaciones que se implementarán, sólo se pueden responder estableciendo una serie de supuestos arbitrarios y de incierto cumplimiento. La decisión de cuál de los dos sistemas “conviene” –el de reparto o el de capitalización– es imposible de tomar con cierta racionalidad por el desconocimiento de la evolución de importantes variables (estado civil futuro, tabla de mortalidad, evolución salarial, entre otras). Es lo mismo que sucedió a mediados de 1994, cuando se inauguró la jubilación privada. La elección se asumirá por corazonada, por cuestiones ideológicas o por promesas de haberes que recién al momento de la jubilación se sabrán si fueron correctas. Lo cierto es que ni en una ni otra alternativa se puede saber a priori cuál será la más conveniente monetariamente.

La cuestión clave se encuentra, entonces, en cuál debe ser el objeto de un sistema previsional. Tiene que ver con su concepción: si está en función de una lógica individual, financiera y especulativa, o si constituye un pacto de solidaridad intergeneracional –el trabajador aporta para hacer frente a las jubilaciones actuales– con el Estado como regulador de esa cohesión social. La recuperación de este último modelo implicaría la eliminación de las AFJP, o con esas compañías quedando como opción para los trabajadores de altos ingresos. La reforma anunciada, que tiene su indudable importancia, puede ser vista con exagerado entusiasmo como un camino hacia ese objetivo o, en cambio, como la definitiva consolidación de un sistema que nació y se desarrolló como un fabuloso negocio para los bancos.