Ex miembros de la Conadep Córdoba y abogados querellantes de las causas que investigan las violaciones a los derechos humanos en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército presentaron una denuncia penal ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que instruya delitos de genocidio llevados a cabo por la versión cordobesa de la Triple A. El “Comando Libertadores de América” fue una organización criminal paramilitar y policial que actuó con muchísima intensidad desde la segunda mitad de 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Esos meses fueron los de mayor ferocidad por la cantidad de secuestros, torturas y muerte registrados. Para los abogados, los jefes de esta banda eran el ex capitán Héctor Pedro Vergez y agentes de la D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba.

La revisión por parte de la Justicia federal del accionar represivo previo al golpe alentó a que varios abogados de la ciudad de Córdoba, algunos de ellos ex miembros de la Conadep local, presentaran ante la fiscal López de Filoñuk una denuncia penal para que instruya una gran cantidad de hechos criminales cometidos en el año y medio que precedió a la toma del poder por parte de la Junta Militar. “Los delitos aberrantes que se puntualizan en esta denuncia de ninguna manera pueden considerarse hechos aislados, sino que estamos ante delitos de lesa humanidad que se enmarcan en la figura de genocidio, establecido y definido en el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, dice el escrito firmado por Luis Reinaudi, María Elena Mercado, María Teresa Sánchez, Carlos Vicente, Miguel Ceballos y Rubén Arroyo.

Para los letrados, los secuestros, asesinatos masivos, la desaparición forzada de personas, las violaciones de las víctimas y las torturas seguidas de muerte “formaron parte de una matanza que perseguía el confesado fin de aniquilar a los miembros de los grupos victimizados por presuntas o reales razones ideológicas, políticas e incluso raciales”. Y los encargados de cometer estos delitos fueron los miembros del Comando Libertadores de América, una “organización paramilitar y parapolicial que operó en esta provincia desde mediados del año 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”.

En el punto cuatro de la denuncia, los abogados sostienen que el Comando fue fundado por el entonces capitán Héctor Pedro Vergez con el sargento primero José Hugo Herrera y los entonces comisarios de la Policía de Córdoba Raúl Pedro Telleldín –jefe de la D2–, Fernando Esteban y Américo Pedro Romano (los tres fallecidos), el sargento ayudante del Ejército (retirado) Juan Antonio Tissera y los oficiales policiales Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Marcelo Luna, Herminio Jesús Antón, Miguel Angel Gómez, Juan Eduardo Molina, Ricardo Cayetano Rocha, Calixto Flores y Alberto Lucero, además de los civiles adscriptos como “personal de inteligencia” militar en el Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Ricardo Lardone y Emilio Merlo.

Los civiles, excepto Merlo, se encuentran hoy procesados y detenidos por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército, por causas que los sindican como torturadores del centro clandestino La Perla, el más importante de la provincia entre marzo de 1976 y mediados de 1979. “La prueba fundamental de que organizaciones como la Triple A y el Comando Libertadores de América estaban constituidos por miembros de organismos del Estado nacional y provincial lo encontramos en el hecho de que a partir de la fecha del golpe estos grupos desaparecen. La respuesta más obvia al porqué de esta situación es que no tuvieron necesidad de accionar por fuera del aparato estatal, ya que pertenecían a él”, dice en la denuncia presentada por el defensor oficial, Marcelo Arrieta.

Respecto de los secuestros y desaparición de personas, el informe de la Conadep (uno de los elementos probatorios de esta denuncia) advierte que la mayoría se produjeron a partir del 5 de septiembre de 1975. “El secuestro de personas como método de detención surge en nuestra provincia casi un año antes del 24 de marzo de 1976, y son los meses de noviembre y diciembre del ’75 y enero y febrero del ’76 los que concentran la mayoría de las cincuenta y dos denuncias de secuestro correspondientes al período previo a la dictadura militar.”

Entre los principales hechos que los abogados le piden a López de Filoñuk que instruya se destacan el secuestro y desaparición de la familia Pujadas (Mariano Pujadas era sobreviviente de Trelew), el secuestro, tortura y asesinato del líder montonero Marcos Osatinsky, la masacre de nueve estudiantes bolivianos que aparecieron con balas en la nunca y maniatados con sábanas del Ejército Argentino, el secuestro y muerte de Eduardo Jensen y del conscripto Cacho Jiménez, el secuestro y desaparición de los abogados Miguel Hugo Vaca Narvaja padre e hijo, y las desapariciones de más de cuarenta personas, varios de ellos en el marco del “Operativo Moncholos” que el propio Vergez relata en su libro Yo fui Vargas: el antiterrorismo por dentro, donde confiesa que las detenciones no eran comunicadas a los jueces federales, tal como indicaba el procedimiento.

Para los abogados, “la privación ilegítima de la libertad o desaparición forzada de personas es de carácter permanente y hasta que no cese esta situación no se puede operar la prescripción, porque resulta obvio que el hecho delictivo se perpetúa en el tiempo. Por eso estos hechos denunciados son imprescriptibles y deben ser instruidos por la fiscal, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”.