A cinco años de la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, las causas por las 39 víctimas de la represión siguen abiertas. En lo inmediato, en la Capital se iniciarán tres juicios orales a ocho policías, de los cuales siete permanecen en libertad. El juzgado de María Romilda Servini de Cubría, que tiene en manos la megacausa, aún no se pronunció sobre la responsabilidad política de la masacre. Desde diciembre, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers le piden la elevación a juicio de la cúpula de seguridad de Fernando de la Rúa, entre ellos el secretario de seguridad, Enrique Mathov, y el jefe de policía, Rubén Santos. Los querellantes creen que se está buscando la prescripción. En Santa Fe, hubo siete muertos de la policía provincial y hay sólo una persona condenada.

Los efectos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 están distribuidos en causas radicadas en distintos puntos del país. Por su valor simbólico y peso político, la causa de Capital es una de las más importantes. Esa causa se inició en el juzgado de Servini de Cubría con la denuncia de un grupo de diputados y abogados de derechos humanos. En ese contexto, la jueza dividió el expediente para quedarse con la investigación de las responsabilidades políticas y delegó en los fiscales la investigación policial.

Así, la megacausa quedó fragmentada en una causa “política” y tres policiales, divididas de acuerdo con el lugar donde cayeron las cinco personas que murieron en la represión del 20 de diciembre.

Entre estas últimas, está la causa de Gustavo Benedetto, un repositor de supermercados de 23 años que murió asesinado por una de las balas que salió desde el edificio del banco HSBC de Avenida de Mayo y Chacabuco. Otra causa reúne los crímenes de Gastón Riva, un motoquero de 31 años; Diego Lamagna, un deportista de 27, y Carlos “Petete” Almirón, un estudiante militante y techista ocasional de 23 años. Los tres cayeron en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Y, finalmente, la causa de Alberto Márquez, un trabajador de seguros y militante del PJ de San Martín con 57 años, que fue asesinado en la 9 de Julio, muy cerca del Obelisco.

De todas, el tramo referente al HSBC está más cerca del juicio oral, cuyo inicio está previsto para el 3 de abril de 2007. El imputado es el ex jefe de seguridad del banco, Jorge Varando, un ex teniente coronel de Inteligencia del Ejército, graduado en la Escuela de las Américas y denunciado por dos desapariciones en el copamiento de La Tablada. Con esos antecedentes llegará al juicio acusado sólo por abuso de arma, una calificación muy baja cuestionada por familiares y querellantes. Según las pericias, las balas que mataron a Benedetto a las 16.45 salieron desde adentro del banco y las primeras reconstrucciones lo dieron como ejecutor de ese disparo.

Fuera del eje Varando-HSBC, cuatro policías de Asuntos Internos de la Federal se preparan para el juicio por el caso Márquez. Son Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto Juárez. Todos están en libertad. El Tribunal Oral 6 ahora prepara el juicio oral.

El único detenido en la causa es el ex policía Omar Belloni, en un principio acusado por los homicidios de Lamagna, Almirón y Riva. Luego beneficiado con la falta de mérito, Belloni irá a juicio por una imputación más leve que es tentativa de homicidio agravada contra otros dos manifestantes.

El juicio por las responsabilidades políticas, en cambio, no tiene fecha. Comparatore y Evers pidieron la elevación al juicio oral y público para el secretario de Seguridad y el jefe de la policía de De la Rúa, Enrique Ma-thov y Rubén Santos, y para los ex jefes policiales Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero por homicidio culposo, lesiones culposas, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La Cámara de Apelaciones le dictó a De la Rúa la falta de mérito. Los fiscales dieron por probada la responsabilidad política del gobierno en la masacre, pero Servini todavía no se pronunció al respecto. La jueza todavía evalúa una serie de nulidades presentadas por la defensa.

“Lo que están haciendo es un intento de dilatar la causa para pelear la prescripción”, explicó Rodolfo Yanzón, abogado de la querella. “Lo que nosotros sostenemos es que es necesario tomar en cuenta lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Bulacio, porque en ningún caso el derecho interno puede ir en contra de principios como los sostenidos por la Convención, entre ellos, el acceso a la justicia de las víctimas.”

En lugares como la provincia de Santa Fe, la Comisión investigadora no gubernamental detectó nueve homicidios, siete de la policía provincial. En este momento hay un solo detenido entre más de 50 involucrados y tampoco se establecieron las responsabilidades políticas del gobierno de Carlos Alberto Reutemann y de sus funcionarios.