Un funcionario político de alta jerarquía, incluso un Presidente de la Nación ¿puede ser juzgado por las consecuencias de una orden supuestamente política? ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad política y la penal? Fernando de la Rúa ¿es responsable o culpable de no haber evitado las muertes del 20 de diciembre? El fallo de la Cámara Federal en el que los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani ordenan que el ex presidente sea citado a declarar como sospechosos de “homicidio culposo” provoca todos estos interrogantes.
“Es positivo que se avance sobre la responsabilidad de los funcionarios políticos. Esto ratifica que en un estado de derecho las fuerzas de seguridad deben responder al poder civil”, aseguró Leonardo Filippini, del Centro de Estudios Legales y Sociales. El abogado, destacó también que “el fallo no ha reparado suficientemente en el funcionamiento orgánico” de la Policía Federal durante la represión. “El CELS había solicitado el procedimiento de algunos jefes policiales por los homicidios, pero la Cámara les adjudicó comportamientos menos graves”, afirmó Filippini.
El jurista Gregorio Badeni consideró que “un ex Presidente o un ex Ministro está en la misma situación que cualquier ciudadano” para ser sometido a un proceso. “Se puede investigar si hay un exceso en el ejercicio de la autoridad, también si él actuó en forma dolosa y dejó actuar a sus subordinados, aunque esto parece una hipótesis más forzada”, opinó. El ex decano de la facultad de derecho de la UBA, Andrés D’Alessio, tomó con cierta reticencia la acusación de la Cámara contra De la Rúa, porque para concretarla se usó la figura de “omisión impropia”, que implica que una persona es responsable por no haber evitado un hecho cuando tenía el deber y la posibilidad de hacerlo.
El abogado Rodolfo Yanzón, quien representa desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a alguna de las víctimas, afirmó que “es importante el llamado a declaración indagatoria de los funcionarios políticos porque abre la puerta para investigarlos por homicidios –no culposo– que es lo que habíamos pedido”. Yanzón explicó que en este caso De la Rúa y el ex ministro Ramón Mestre deben responder penalmente por las acciones de sus subordinados porque “durante la represión ambos se ocuparon de sostenerse en sus cargos y dejaron vía libre a la policía y eso es omisión”.
Martín Böhmer, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, coincidió con Filippini en que la decisión de la Cámara implica que “el Poder Judicial le está diciendo al Ejecutivo que no puede dejar de controlar a la gente que está a su cargo, en este caso, la policía pero también se podría aplicar a todos los funcionarios de la administración pública”.