Mientras el episcopado católico invita a entidades patronales y laborales a analizar, dentro de un marco de respeto a las instituciones democráticas y con la mayor amplitud de debate, un programa de gobierno de diez puntos, la Universidad confesional FASTA solicita la renuncia de un profesor en desacuerdo con un fallo que firmó como juez. Esto provocó ya la renuncia de ocho profesores, quienes reivindicaron la libertad de pensamiento y el respeto a la institucionalidad democrática.

La Iglesia Católica no procura “reemplazar ni desplazar a los poderes del Estado” dice el documento “De habitantes a ciudadanos”, que su ministro político, Jorge Casaretto, entregó hace dos semanas a las asociaciones empresarias AEA y UIA y a las laborales CGT y CTA. Agrega que los acuerdos que se alcancen, en busca de un nuevo consenso para los bicentenarios argentinos de 1810 y 1816, deberán canalizarse “a través de las instituciones” republicanas. En uno de sus puntos se opone a “formas directas o indirectas de censura que contrarían la letra y el espíritu de la Constitución”. Practicar la amplitud es otra cosa que predicarla.

La Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) apoya a los grupos que resisten los juicios por los crímenes de entonces y en sus colegios se han ofrecido misas por los detenidos. Fue fundada y es conducida por el sacerdote dominico Aníbal Fosbery OP. El decano de su facultad de ciencias jurídicas y sociales, Silvano Penna, interpeló en forma destemplada al profesor asociado de Derecho Procesal Civil, Ricardo Monterisi, en desacuerdo con el fallo que firmó en la Cámara Civil de Mar del Plata autorizando el aborto terapéutico a una niña de 14 años, violada por su padrastro. Monterisi renunció y lo siguieron sus colegas Ramiro Rosales Cuello (titular de la cátedra y fundador de FASTA hace quince años), Fernando José Méndez Acosta, Maximiliano Colángelo, Xavier Guiridlián, Paula Vasconcellos, Julio Didio y Diego Benvenuto Bignola. Casi todos ocupan cargos en la justicia provincial: Rosales Cuello y Méndez Acosta son jueces; Colángelo y Benvenuto Bignola, secretarios; Didio, auxiliar letrado.

El 14 de febrero, la jueza Silvina Darmandrail había autorizado el aborto terapéutico de la criatura dado el riesgo para su salud “física y psíquica”. El 22, mientras los médicos del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Materno Infantil eran amenazados para que no practicaran la cirugía, la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el fallo y advirtió sobre el peligro de dilatarla. Monterisi agregó considerandos propios al voto de sus colegas Roberto Loustaunau y Nélida Zampini: reconoció el derecho a la vida, que la Convención Americana de Derechos Humanos fija desde el momento de la concepción, como el primer derecho natural, anterior a toda legislación positiva. Pero citó el artículo del Pacto de San José y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admiten excepciones a ese principio general, en caso de violación o para salvar la vida de la madre. El decano Penna le manifestó a Rosales Cuello su decepción: “Un juez que es profesor de FASTA tiene el deber de defender en sus votos la doctrina de la institución”. Agregó que había recibido presiones para despedirlo (no explicó de qué autoridad superior) y que la continuidad del juez dependía de las explicaciones que diera. Cuando se reunieron, Penna “se descargó con una retahíla de apreciaciones impropias e inadmisibles”, narró Monterisi en su renuncia. Los jueces “tienen el compromiso de dictar sus fallos en base a la ley y sólo deben rendir cuenta de sus actos ante las autoridades institucionales pertinentes”, escribió. Enterado el titular de la cátedra, Rosales Cuello manifestó su “mayúscula decepción” al tomar conciencia de que “en la propia Facultad donde, desde hace 14 años, me dedico a pregonar sobre la vital importancia de la independencia del Poder Judicial en el Estado de Derecho, nada menos que el decano de la facultad de ciencias jurídicas no cree en ese principio”. Añadió que por dictar clases en la Universidad los jueces no son sus “delegados o representantes ante los ciudadanos”. Colángelo consideró “inadmisible” que un juez sea llamado a rendir cuentas de las opiniones vertidas en una sentencia “por cualquier institución que no sea la prevista en la constitución de la provincia para juzgar tal conducta”. Así como “la noción de Universidad es inescindible de la de libre pensamiento y expresión de ideas, la de cristianismo lo es –entre otras– de la tolerancia por la conducta del prójimo y el poder judicial de su independencia”. El fallo fue apelado ante la Suprema Corte de Justicia provincial, pero un aborto espontáneo a raíz de un llamado telefónico del padrastro violador tornó abstracta la cuestión.

Aunque el ex diputado nacional Rodolfo Vargas Aignasse sostuvo que Fosbery analizaba con el hombre fuerte de la dictadura en Tucumán, Domingo Antonio Bussi, qué personas debían ser secuestradas, el fraile no es un marginal dentro de la estructura eclesiástica: presidió la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina y fue miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas. El Vaticano reconoció a FASTA como Asociación Privada Internacional de Derecho Pontificio. Si bien sus vínculos son más estrechos con el arzobispo de La Plata Héctor Aguer y con el ex Obispo Castrense Antonio Baseotto, también conserva la relación con el cardenal Jorge Bergoglio, con quien concelebró en 1999 una misa de acción de gracias por el perdón y la misericordia. Si el nuevo Consenso apostólico comienza con tanto respeto por los poderes de la Constitución, se parecerá demasiado al Diálogo Argentino, que culminó con el golpe institucional de diciembre de 2001.