La campaña por el matrimonio gay empezó el 14 de febrero con una movida de alto impacto: dos lesbianas se presentaron en la sede central del Registro Civil porteño para pedir turno para casarse. La esperada negativa terminó en tribunales: la Federación de Gays y Lesbianas presentó ante un juzgado un recurso de amparo para que se declarara la inconstitucionalidad de la prohibición de contraer matrimonio a dos personas del mismo sexo.

La causa recayó en el juzgado nacional de María Ofelia Bacigaluppo. La magistrada se declaró incompetente, ya que, en su opinión, la causa le correspondía a la Justicia contenciosoadministrativa. Su argumento fue que el Registro Civil es un organismo que pertenece al gobierno de la ciudad y por consiguiente el rechazo a casar a dos personas del mismo sexo es un tema de índole administrativa.

La Federación apeló la decisión, al considerar que lo que se pedía era una reforma del Código Civil y no de cuestiones administrativas de la ciudad. La Cámara Civil le dio la razón a la Federación. “Lo que resolvió la Cámara es sólo una cuestión de competencia, pero es importante que diga que es un tema que le corresponde decidir a un juzgado de familia y no a uno contencioso administrativo, porque lo que nosotros pedimos es la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil de la Nación”, explicó Bruno Bimbi, de la Falgbt. Ahora, el caso vuelve a la jueza Bacigaluppo, que es la que debe decidir.