Por Enrique Zuleta Puceiro

Las dificultades del Gobierno para poner en marcha el calendario electoral comprometido son explicables. La ley 25.611, de internas abiertas, simultáneas y obligatorias es sólo uno más de los muchos errores gravísimos cometidos por el Congreso en los últimos meses, en aspectos clave de la legislación tanto económica como política. Atemorizados por el estado de indignación pública, los bloques mayoritarios han alumbrado, en efecto, un régimen que de prosperar en su aplicación terminará produciendo resultados exactamente opuestos a los buscados.
Los errores del nuevo régimen son de difícil enmienda y los intentos de reglamentación sólo contribuirán a agravarlos. La solución sólo puede venir de la mano de una postergación de la puesta en marcha del sistema, esperando mejores tiempos que los actuales para una reforma que deberá transitar por carriles muy diferentes. El anuncio de esa postergación de la puesta en marcha será recibido con un alivio casi generalizado, con la posible excepción de algunos operadores secundarios de la interna justicialista, al parecer beneficiaria exclusiva y excluyente del experimento en curso.
La ley instaura un sistema sin antecedentes en el mundo que aborta las iniciativas incipientes de apertura de elecciones internas. La mayor parte de las agrupaciones procurará obviar el procedimiento legal, impulsando métodos de selección interna diferentes, tendientes luego a nominar hacia afuera candidaturas únicas. La experiencia internacional es mínima y se reduce al caso parcial de Estados Unidos, donde contra lo que suele afirmarse, sólo veinticuatro estados utilizan un sistema de primarias en las que un ciudadano puede votar en uno u otro partido, más allá de su afiliación personal, aunque en todos los casos mediando un sistema de registración previa como elector de ese partido. Se trata de Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minessota, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. Las primarias “free-love”, con posibilidades de voto simultáneo en ambos partidos, sólo existen en Alaska y Washington y la opción entre candidatos de varios partidos incluidos en una lista única sólo existe en Louisiana.
Entre los problemas más graves cabe señalar la ausencia de padrones confiables de afiliados, la ruptura del principio de limitación de las internas a afiliados e independientes. El sistema otorga asimismo una función desmedida e impropia a la justicia electoral, y somete a los partidos a un grado de intervencionismo y manipulación externa incompatible con cualquier proceso genuino de renovación interna. De hecho, la nominación de candidatos corre el riesgo de quedar, hoy más que nunca, en manos exclusivas de los “bosses” de los partidos, en la medida en que quienes cuentan con la logística e infraestructura necesarias para “acarrear” afiliados a votar, con más razón podrán disponer sin control alguno de las legiones de “independientes” gustosos de operar con su voto en las nominaciones de los partidos.
Los males apuntados se retroalimentan con la pretensión de unificación de las convocatorias de internas abiertas presidenciales y parlamentarias. Cabe acaso recordar que la elección presidencial sólo busca poner fin a un interinato ya agotado. Las elecciones parlamentarias definirán, en cambio, el poder futuro en la Argentina y deberán ser afrontadas con un máximo de recaudos y garantías, dando tiempo a los partidos para optimizar sus posibilidades. La separación de ambas elecciones es un imperativo inexcusable para la calidad de un proceso que no admite el nivel de improvisación con que se intenta resolver el difícil trámite de la sucesión presidencial.