El 19 de septiembre del año pasado, Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral 1 de La Plata, leyó en voz alta la condena a reclusión perpetua contra el represor Miguel Etchecolatz que él mismo había escrito a lo largo de varios meses. Una semana después, cuando los organismos de derechos humanos salieron a la calle a reclamar la aparición con vida del testigo Julio López, el magistrado recibía una amenaza por carta. “Esta farsa tendrá su fin”, “¡¡La verdadera justicia llegará!!”, decía el texto. Ayer volvió a ser blanco de intimidaciones. El episodio coincide con la reciente decisión de su tribunal de mudar al capellán Christian von Wernich a una cárcel común, mientras avanzan los preparativos para su juicio por siete homicidios y 45 privaciones ilegales de la libertad.

La sentencia contra Etchecolatz no sólo decía que sus crímenes fueron “delitos de lesa humanidad”, sino que incluía un concepto novedoso, que los situaba “en el marco de un genocidio”. El día de la condena, los amigos y allegados a Julio López esperaban verlo en la sala del juicio oral, pero no estaba. Rozanski también advirtió su ausencia. López había estado en casi todas las inspecciones oculares y había dado detalles muy precisos. Era un testigo “sólido” y “había coherencia aún en el dolor que produce el testimonio”, describió el juez en un reportaje publicado por Página/12, cuando se produjeron las primeras amenazas.

Aquellas intimidaciones alcanzaron también a otros jueces y fiscales de todo el país que investigan los crímenes dictatoriales y a organismos de derechos humanos. En La Plata se abrió una causa judicial para esclarecer el origen, pero no se llegó a los autores. En rigor, la primera amenaza provino del propio Etchecolatz, cuando al final del juicio oral le preguntaron si quería hacer uso de su “última palabra”. “Señor presidente –dijo, mirando a Rozanski–, tómelo no como una irrespetuosidad: no es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan.”

“Si la amenaza logra que uno no trabaje, entonces está haciendo efecto. No significa que no las sienta. Es doloroso, pero se debe buscar ponerla en el lugar en que corresponde como un delito calificado en un contexto específico y darle la dimensión que tiene. Ni más, ni menos”, le dijo Rozanski a este diario en aquel entonces. Los juicios a represores, aseguró, “son irreversibles”. En las cartas que recibieron él y sus colegas se les advertía: “Usted, directa o indirectamente está recibiendo presiones del Gobierno para actuar en función de intereses que agredieron a la Nación”. “Le sugerimos vehementemente que no ceda”, añadían. “Los (jueces) que no hayan honrado su cargo deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial”, advertía.

Sobre las nuevas advertencias que recibió, esta vez por teléfono, el juez prefirió no hablar por ahora. Pero hay un dato elocuente: las llamadas se produjeron dos días después del traslado de Von Wernich al penal de Marcos Paz. El enjuiciamiento, que estará a cargo de los mismos magistrados que condenaron a Etchecolatz, comenzaría en menos de dos meses.

Rozanski fue el primer juez federal nombrado por el sistema de concurso que se implementó con la creación del Consejo de la Magistratura. Fue camarista en Bariloche y presidió el Tribunal de Superintendencia Penal de Río Negro. Es uno de los más reconocidos especialistas en la temática de maltrato y abuso sexual infantil. Es autor, en ese rubro, del libro Denunciar o silenciar y del texto de la ley que modificó el Código de Procedimientos para que los niños no puedan ser interrogados en ninguna instancia judicial y policial en forma directa, sino sólo a través de expertos o una Cámara Gesell. De ahí proviene su enfoque y su preocupación sobre los testigos de las causas sobre violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Sostiene que la protección a estas personas no debe limitarse a ofrecerles una custodia armada, sino que se deben abrir otras alternativas superadoras “que contemplen la dimensión del sufrimiento”. Esto implica, a su entender, evitar que haya miles de juicios en los que sobrevivientes y familiares de desaparecidos tengan que declarar y revivir una y otra vez su calvario.