A partir de 2004, cuando el Enargas pasó a cumplir funciones de supervisión y seguimiento de las obras de ampliación de la capacidad de transporte, el abastecimiento de gas domiciliario estaba a un paso de entrar en emergencia. El Gobierno evitó hablar públicamente de “crisis energética” pero apuró una solución por caminos no tradicionales. Para ello, inventó el régimen de fideicomisos, un mecanismo de financiación de obras que debían haber sido hechas por los concesionarios de los servicios privatizados, pero que éstos ya no iban a hacer, escudados en la ruptura de las condiciones contractuales en enero de 2002 con la Ley de Emergencia Económica. El decreto 180/2004 creó el Fideicomiso del Gas y su reglamentación dispuso que el destino de los fondos sería la ampliación de la capacidad de transporte de los gasoductos Sur y Norte. La Secretaría de Energía quedaba a cargo de la organización del proyecto y el Enargas, como supervisor técnico de las obras y encargado de su seguimiento. El ente regulador excedía así sus funciones originales, descriptas en la ley 24.076 de inicios de los ’90: “organismo descentralizado creado con el objeto de regular, fiscalizar y resolver las controversias suscitadas en relación con el servicio público de gas”.

Este es el origen de la vinculación del Enargas con la obra que, encargada por TGN, fue concretada por Skanska. Dicha obra, además, formaba parte del Plan Energético 2004/2008, presentado por el Ministerio de Planificación en el primero de dichos años en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el que se anunció la ampliación de los tres gasoductos (Norte, Sur y Patagónico) por una inversión total prevista de 1300 millones de pesos. Como parte del mismo plan se anunció la construcción de dos nuevos tendidos, el Gasoducto Noreste y el San Martín II (este último, paralelo al Gasoducto Sur o San Martín I), con una inversión total de 4100 millones de pesos. Todos estos fondos, se explicó, serían financiados mediante el régimen de fideicomisos conformados con aportes privados.

El modelo de privatización de Gas del Estado, la empresa nacional que cumplía las tareas de transporte y distribución de gas natural, contempló la creación de ocho distribuidores regionales y dos transportistas, a quienes se les asignaba la administración de la red troncal. El mismo modelo creó el Enargas, organismo responsable de ejecutar y controlar el cumplimiento de los objetivos de la regulación. Estos eran, entre otros:

- Proteger los derechos de los consumidores.

- Promover la competitividad en la oferta y demanda de gas natural.

- Propender a una mejor operación y confiabilidad de los servicios de transporte y distribución.

- Regular las actividades de transporte y distribución.

- Propender a que el precio del gas para la industria sea equivalente al de otros países con similar dotación de recursos.

El cumplimiento de estos objetivos, a lo largo de la década del ’90, fue seriamente cuestionado, con acusaciones diversas contra el Enargas de connivencia con las empresas que debían ser motivo de su regulación. Por otra parte, la elocuente falta de inversiones por parte de los concesionarios, especialmente los responsables del transporte, motivó que la infraestructura sufriera un fuerte retraso respecto de las necesidades de la demanda. Por el contrario, las pocas inversiones que se hicieron en gasoductos estuvieron destinadas a la exportación pero no a incrementar el suministro al mercado interno.

La crisis del 2001 y la Ley de Emergencia Económica de enero de 2002 significaron una vuelta de página. Los incumplimientos de las obligaciones de los concesionarios quedaron prácticamente “amnistiadas” con el congelamiento y pesificación de tarifas dispuestos entonces. Pero con la recuperación del mercado interno a partir de 2003 quedaron en la vidriera las enormes falencias del sistema privado para responder a la mayor demanda.

En ese marco surgen los nuevos mecanismos de realización de obras, que desde 2004 iban a ser definidas por el sector público, ejecutadas por el sector privado y financiadas por fondos de origen privado pero bajo administración pública (Nación Fideicomisos). Ahora, la Justicia investiga si, entre tanta urgencia y replanteo de funciones, el Enargas no sobreactuó su papel interviniendo donde y como no debía hacerlo.