El titular de Planificación, Julio De Vido, no tiene, al menos hasta ahora, un abogado pagado de su bolsillo sino un defensor oficial. Así lo dispuso el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi al encontrarse con que el ministro no se había presentado en ninguna de las dos causas en su contra que ordenó reabrir la Cámara Federal: la que investiga irregularidades en la adjudicación directa del gasoducto del nordeste a Techint y la de la compra sospechosa de locomotoras usadas. Los jueces asignan defensores públicos cuando un imputado no puede afrontar los gastos de un estudio privado, pero también lo hacen cuando no da señales de vida por tribunales pese a haber sido notificado de una investigación. En el caso del gasoducto, a De Vido lo representará Gustavo Kollmann, el mismo defensor que le tocó al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en el de las locomotoras.