Un policía, que declaró ayer ante el fiscal federal Guillermo Marijuán, comprometió a la ministra de Economía, Felisa Miceli, que podría ser acusada de ocultar, retener o destruir evidencias. Es porque el agente afirmó que Miceli (o su entorno) tendría la copia original del acta que se hizo cuando la brigada antiexplosivos encontró el dinero en el armario del baño de la titular de Hacienda. El acta habría sido reclamada por uno de sus custodios, a quien indagó el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido. En tanto, Marijuán analiza los datos del anexo confidencial a la declaración jurada de la ministra, que incluye el estado de sus cuentas bancarias.

Marijuán tomó declaración a otras cuatro personas en la causa que se inició luego de que el 5 de junio los policías, que suelen hacer procedimientos de rutina en busca de bombas en el edificio, encontraron 100 mil pesos y 31 mil dólares en el baño de la ministra. Estaban sellados al vacío y con una faja del Banco Central, que tenía el número de lote (38.057) con el que salió de esa entidad. Luego de varios días de silencio, Miceli explicó que parte del dinero se lo prestó su hermano Horacio Miceli para una “operación inmobiliaria”. La funcionaria sostuvo que no cometió ningún delito.

A partir del número de lote del Banco Central, el fiscal pudo establecer hasta ahora que ese dinero pasó por una financiera –salió del Banco Central en la penúltima semana de mayo– e intenta averiguar si la ministra o su hermano tuvieron operaciones con esa entidad.

Además del policía, declararon un alto funcionario del Banco Central y otros dos empleados del Ministerio de Economía, que están a cargo del circuito cerrado de vigilancia del edificio. Según fuentes allegadas a la causa, uno observó que cuando la brigada antiexplosivos fue a hacer el procedimiento le llamó la atención que no salían del despacho de la ministra.

En tanto, Marijuán recibió los datos de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito de Miceli, que le remitió la Oficina Anticorrupción (OA), por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien delegó en él la investigación. Aunque las declaraciones juradas de los funcionarios son públicas, existen anexos reservados con información financiera y bancaria que sólo pueden develarse por orden judicial. Esto fue lo que recibió el fiscal “en sobre cerrado”: el estado de sus cuentas declarado en 2005 y la información que tiene la AFIP sobre la ministra de Economía. La investigación avanza sobre el patrimonio de Miceli, de su esposo, Ricardo “Pacha” Velasco –quien integraba el directorio de Enargas cuando surgió el caso Skanska y ahora pasó a Desarrollo Social–, su hermano Horacio y la esposa de él, Claudia Consigli.