Los diputados nacionales María América González (ARI) y Claudio Lozano (CTA) junto a jubilados y pensionados representantes del Foro en Defensa de la Seguridad Social y el PAMI, y la Mesa Nacional Coordinadora de Organizaciones de Pasivos insistieron en reclamar la sanción de un criterio de movilidad para los haberes. Lo hicieron en una conferencia de prensa, en que también se “conmemoraron” 16 años y 800 protestas realizadas frente al Congreso por los jubilados, y un año desde que la Corte Suprema dictó el fallo Badaro que planteó al Parlamento la necesidad de fijar un criterio para la movilidad de las jubilaciones y pensiones. González anunció que en 17 provincias se lanzó una campaña para juntar firmas por la movilidad para que el Congreso dé tratamiento a un proyecto de ley que presentó junto a Lozano y otros diputados de bloques de la oposición. La iniciativa, que contempla un “índice mixto” para ajustar los haberes en base al indicador de aumento salarial y al de la recaudación previsional, fue entregada por los diputados días atrás a los jueces de la Corte Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda para su conocimiento. Además, la diputada anunció que el 14 de agosto los diputados serán recibidos por el juez Eugenio Zaffaroni en la Corte, con quien conversarán sobre la necesidad de que el Parlamento cumpla con la sanción de la ley de movilidad. Por su parte, Elías Moure, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FeTraJub-CTA), expresó que “los jubilados y pensionados son trabajadores, retirados, quizá pasivos, pero trabajadores al fin, y sus marchas llegaron a constituirse en un emblema de la resistencia a las políticas de exclusión social y a la mercadocracia impuestas durante la década del ‘90. Mientras Cavallo y Menem consolidaban su programa, los jubilados en las calles los enfrentaban”.