Según su memoria anual de 1976, a partir del golpe de Estado grupos de “12 a 15 hombres” de Prefectura actuaron “en acciones contra guerrillas” en el sur bonaerense, en coordinación con la Fuerza de Tareas 2 del Comando de Operaciones Navales, con sede en la base naval de Puerto Belgrano. Pese a las abundantes evidencias de su participación en secuestros de personas que continúan desaparecidas, como el de Héctor Rubén Sampini en Ingeniero White, a tres décadas de los hechos la Justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó a la Armada ni a la Prefectura.

El jefe del servicio de inteligencia que durante 1975 ordenó realizar informes sobre estudiantes, dirigentes gremiales y sacerdotes tercermundistas a las delegaciones de todo el país fue el prefecto mayor Rodolfo Alfonso Manzi. Quien como jefe de la delegación bahiense recibía sus pedidos era el prefecto mayor Julio Benjamín Baeza. A cargo de la sección informaciones que investigó y redactó el borrador sugiriendo “ralear” La Nueva Provincia de obreros molestos estaba el subprefecto Bernardino Miguel Nieto. Pero para marzo de 1976, cuando finalmente se elevó el informe, Baeza había sido reemplazado por el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, y Nieto por el subprefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, quien volvió a ocupar el cargo en 1980, cuando a falta de militancia la “comunidad de inteligencia” se dedicó a perseguir y amedrentar a los familiares de detenidos-desaparecidos que exigían justicia.

Ex combatiente de Malvinas, ex dirigente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y actual regente de la Escuela de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante de Prefectura Quequén, el bahiense “Pancho” Martínez Loydi se mostró sorprendido ante la consulta de Página/12.

–¿Recuerda los asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola?

–¡A la pistola! No recuerdo los nombres, sí los homicidios.

–Fue un caso atípico para ese año: los secuestraron y fusilaron pero no difundieron ningún comunicado haciéndolo pasar por tiroteo.

–(Silencio.)

–¿Recuerda el informe sobre la guerrilla sindical infiltrada en La Nueva Provincia?

–Te soy franco, no recuerdo.

–¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?

–Pudo haber sido la Sipba.

–¿Qué entiende usted por “personal a ser raleado” de una empresa?

–Supongo que movido, sacado. ¿Por qué?

–Un informe firmado por su sección aconsejó ralearlos, tres meses antes de matarlos.

–No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial. No podíamos nosotros.

–¿Y qué fuerza sí podía?

–Te soy franco, no sé. Mentiría si dijera algo. De corazón, ni idea.