La oposición salió ayer a precisar el alcance del acuerdo para controlar las elecciones del próximo domingo. “Habrá un intercambio de información”, explicó el candidato presidencial de Una Nación de Avanzada (UNA), Roberto Lavagna, mientras que el postulante del Movimiento Provincias Unidas (MPU), Jorge Sobisch, apuntó que el propósito de los opositores es “informar apenas obtenidos los datos” relativos al resultado de las presidenciales. El asunto no pasó inadvertido para el Gobierno, y en su nombre habló Aníbal Fernández. “Cada uno de los partidos tiene el derecho de controlar la elección; no es un derecho colectivo, es un derecho particular y es saludable que eso se haga, es loable y es bueno”, ironizó el funcionario.

Lo que acordó hacer la oposición es compartir los datos de las “mesas testigo” a las cuales los partidos recurren en cada elección para tener una idea del resultado antes de la difusión de los números representativos del escrutinio provisorio. Para eso se eligen mesas en las que históricamente el resultado ha sido similar al cómputo final. Por lo general, los márgenes de error de estos sistemas son mínimos.

El temor de la oposición es que el oficialismo trate de instalar un triunfo definitivo de Cristina Fernández en primera vuelta apenas finalice la elección. Detrás de esa inquietud aparece el miedo a un supuesto fraude en caso de que la postulante kirchnerista sea forzada a disputar un ballottage.

El candidato a vicepresidente por UNA, Gerardo Morales, alimentó las sospechas al respecto: señaló que el kirchnerismo “corre el riesgo de no ganar en primera vuelta” y no descartó “que haga trampa”.

Alejandro Rodríguez, vocero de Lavagna, denunció que el oficialismo prepara la difusión de una “sospechosa boca de urna” y completó: “No es de extrañar que el kirchnerismo esté planeando esa estrategia de distorsión de la información electoral, ya que en estos últimos veinte días se está notando claramente que el Gobierno no llegará al 40 por ciento de votos y ya se palpan señales inequívocas de frialdad hacia la candidata oficial”.

También el candidato presidencial del peronismo disidente, Alberto Rodríguez Saá, llamó la atención sobre eventuales irregularidades. “El domingo hay que luchar contra el fraude y no dejar que metan la mano dentro de la urna”, dijo, y afirmó que “parte del fraude es mentir con las encuestas como pasa con los indicadores de precios del Indec”.

Al cruce de las denuncias sobre un posible fraude –y en particular de Rodríguez Saá, de quien dijo que “no son muy coherentes” sus declaraciones– salió Fernández, cuya cartera tiene a su cargo la organización del comicio. “Somos muy responsables de lo que hacemos y la respuesta la tenemos con la historia que hemos sembrado desde el primer momento que llevamos a cabo la logística de las elecciones. No hubo una sola queja nunca en ningún lugar.” Sobre el acuerdo de la oposición para hacer un seguimiento de los resultados de las presidenciales, el ministro del Interior manifestó que “si se han juntado es porque no tienen capacidad cada uno para poder controlar las 73.711 mesas, no porque sea un trabajo de logro político entre todos”.

“Esperamos que los resultados se puedan obtener rápidamente y que la elección sea seria, sin interferencias de ningún tipo”, planteó Lavagna y aclaró que la oposición no montará un centro de cómputos paralelo y sólo llegó a “un acuerdo de participar o coparticipar de información”. “Quienes van a controlar y son responsables de la normalidad de todo el proceso son el Gobierno y la Junta Electoral”, añadió.