Desde su cargo de subsecretaria de Defensa del Consumidor, debió lidiar más de una vez con las empresas de medicina prepaga por aumentos inconsultos o por prácticas denunciadas por los afiliados como “desleales” o “abusivas”. Hoy, como diputada nacional del FPV, Patricia Vaca Narvaja sostiene los mismos criterios, cuestionando el rol de las empresas de medicina prepaga, sus prácticas monopólicas en materia de precios y su posición dominante, no sólo frente a los usuarios del sistema sino también con respecto a sus proveedores: las clínicas, los laboratorios de análisis y los médicos, entre otros. Según Vaca Narvaja, es necesaria una reforma estructural del sistema de salud que contemple los distintos subsistemas vigentes, pero incluso sin ese marco, entiende que hoy hay herramientas en manos del Estado para evitar los abusos de parte de las prepagas. Sólo hay que aplicarlas.

–El hecho de ser un contrato privado y que el afiliado puede aceptar o no seguir con la misma prepaga, ¿habilita a las empresas del sector a fijar sin ninguna restricción el precio del servicio?

–No, porque lo primero que hay que tener en claro es que hay un mercado manejado entre cuatro o cinco empresas, de las que no sólo dependen los afiliados individuales sino también los corporativos. En esa condición dominante que tienen en el mercado, las mayores empresas del sector están en condiciones de fijarle los precios a todo el sistema. Es decir que los alcances de una decisión unilateral y concertada de aumento va más allá de lo que se entiende por el negocio directo de la medicina prepaga. No se trata de un núcleo de 350 mil familias pudientes, sino que también afecta al conjunto del sistema de salud.

–¿Por qué dice que el aumento afecta al resto del sistema de salud?

–Por un lado, porque gracias a la desregulación del sistema de salud que propició Domingo Cavallo (ex ministro de Economía), las prepagas se metieron en el sistema de obras sociales y se quedaron con la crema de ese mercado. Es decir, con los afiliados de mayor poder adquisitivo. Con lo cual, amplían el alcance de su intermediación a un sector mucho más vasto de la población. Pero, además, proyectan y forman precio para todo el sistema de salud, porque al ser dominantes en toda la estructura del mercado, también están en condiciones de imponerle el precio que les pagan a clínicas, laboratorios y otros tipos de prestadores del sistema. También tienen participación y capacidad de fijación de precios en medicamentos, por esta misma condición monopólica. Entonces, si se les habilita a aumentar los precios de acuerdo exclusivamente a su propio criterio, termina convalidándose esta capacidad de formar precios en todo el sistema de salud.

–¿Hay forma de evitarlo? ¿Tiene herramientas el Gobierno, cuando todavía la ley de regulación de la medicina prepaga no salió del Congreso?

–La ley de medicina prepaga puede ser importante, pero hoy en día hay otras herramientas suficientes para evitar que las prepagas avancen sobre el resto. Está la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, las facultades de la Superintendencia de Salud. Se pueden tomar medidas para evitar que quienes manejan el 60 por ciento del mercado le fijen precios tanto al sistema privado como al sistema público de salud. Y no es un problema de índices de inflación, pero tampoco de costos. Porque se justifican los aumentos en los acuerdos salariales, pero después resulta que a los profesionales no se les paga lo que se dice que son las subas de costos salariales. Más allá de que haya quien quiera pagar más en una internación por mejor atención en materia de hotelería, acá el problema es que estamos hablando de salud, y eso es lo que interesa.

–¿Qué lugar debería tener la medicina prepaga en el sistema de salud? Porque parecería que el problema requiere una solución estructural.

–Entre los temas de gobierno que viene planteando Cristina (Fernández de Kirchner, presidenta electa), la salud es central. No hay en Argentina un marco en el que estén contemplados todos los subsistemas. Hay experiencias provinciales, como la de Santa Cruz, en las que la medicina prepaga no existe, porque hay un sistema de salud pública eficiente. La salud está en los primeros lugares entre las reformas estructurales que se vienen. Pero aunque no haya una ley integral ni un sistema terminado que contemple estas reformas, tenemos herramientas con las que actuar frente a estos abusos. Se puede hacer perfectamente.