El fiscal uruguayo Enrique Viana afirmó que “para Uruguay hay un antes y un después del funcionamiento de Botnia”, porque “el derecho ambiental del país ya no va a ser aplicado jamás”. Viana agregó que tiene “una visión muy triste de lo que sucede: el derecho ambiental, que no venía siendo aplicado hasta ahora, adquirió en estos días una partida de defunción”. Este fiscal, que realizó varias demandas contra los proyectos de instalar papeleras en su país, sostuvo que el Estado uruguayo no tiene “capacidad de control física, técnica y jurídica” sobre la contaminación que puede producir la planta de celulosa de Botnia.