Sáb 17.11.2007

EL PAíS • SUBNOTA

La cronología del conflicto

- El 1º de septiembre de 2003, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó la reapertura de las megacausas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército. Habían pasado veinte días de la sanción de la ley 25.779 que anulaba las leyes de obediencia debida y punto final.

- Ese mismo año, a través de su abogado, Alfredo Solari, el ex capitán de navío Raúl Scheller presentó un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal en el que planteaba la inconstitucionalidad de la ley sancionada y “la inalterabilidad de la cosa juzgada”.

- Conflictos de competencia entre la Sala II y la Sala IV –especializada en tratar en temas castrenses– obligaron a reunir a los magistrados de salas restantes –I y III– para dirimir a quién le correspondía el planteo de Scheller. Asignada la Sala IV, admitió el pedido del represor. Los organismos de derechos humanos presentaron una denuncia contra los camaristas que designaron la competencia de esa sala y pidieron su recusación por “intentar cerrar las causas contra genocidas”.

- El reclamo generó la respuesta de Alfredo Bisordi, entonces presidente de la Cámara, quien mediante un escrito llamó “delincuente terrorista” a la sobreviviente de la ESMA Graciela Daleo y se refirió a las “autodenominadas organizaciones de derechos humanos”.

- En septiembre de 2004, los organismos presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para pedir la destitución del juez. El organismo le aplicó una sanción disciplinaria.

- En marzo de este año se preasentó una nueva denuncia, esta vez por demorar la causa.

- El presidente Néstor Kirchner reclamó a la Justicia que se aceleraran las causas: “¡Por favor, basta. Juicio y castigo, eso necesitamos! Yo les juro que empujo y empujo, pero hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos,” dijo el mandatario el 24 de marzo de este año.

- Hubo varios cruces entre Kirchner y Bisordi. “Va pasando de una república a una dictadura”. “Es mi enemigo número uno”, dijo el juez.

- En octubre de este año, la Corte resolvió que la Sala II se hiciera cargo del planteo y actuara “con la mayor celeridad”.

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