Federico Gómez Miranda, hijo del desaparecido Conrado Gómez, denunció ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en París al Consejo de la Magistratura y a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Emilia Martha García. Al consejo lo acusó de negación de justicia, encubrimiento y prevaricato. A la segunda, de integrar una asociación ilícita. García formó parte de las sociedades comerciales creadas por el dictador Emilio Eduardo Massera para despojar de sus bienes a Gómez y sus socios. Después de que Página/12 revelara que quien figuraba como accionista y síndico de las empresas de Massera era jueza en lo contencioso administrativo, el juez federal Claudio Bonadío denunció a la magistrada y solicitó su destitución, pero su situación quedó en suspenso hasta tanto no se expida el Consejo de la Magistratura, cosa que hasta ahora no ocurrió. García era empleada del escribano de confianza de Massera Ariel Sosa Moliné y hermana de Graciela García Romero, que fue secuestrada por la Marina. “La escribanía Sosa Moliné en los hechos era un apéndice de la ESMA con fines notariales”, aseguró la Cámara Federal de porteña en su fallo del 28 de diciembre de 2001.