Tras la muerte por envenenamiento con cianuro del represor Héctor Febres, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, planteó que “hay que saber claramente por qué ocurrió, cuáles fueron los controles que evidentemente fallaron y que permitieron que esto ocurra. Teniendo en cuenta que esta persona estaba detenida con toda la custodia que supone que tienen los detenidos”. “Estamos prestando mucha atención en torno de cómo se desarrolla la investigación judicial”, advirtió el ministro.

Fernández sostuvo que la muerte “evidencia que hay una Argentina que no tolera la revisión del pasado y el castigo a los responsables, que se resiste a morir y genera este tipo de cosas”. El jefe de Gabinete alimentó la hipótesis de un asesinato para callar al prefecto, cuando dijo que con su muerte se pierde la posibilidad de obtener “un testimonio de privilegio, de alguien que ha sido responsable central de los años de plomo en los que se torturaba y mataba gente”. Para Fernández, se trata del “mismo mensaje que trataron de mandar cuando Julio López fue secuestrado”.