Más de una vez lo habrán acusado de ser “injusto” o “agreta” cuando negaba las licencias médicas a los docentes, pero sólo una persona le dijo a Daniel Ferranti que lo suyo era una “estafa emocional, moral y sentimental”. Fue María Teresa Schiavini, que tuvo la mala suerte de toparse con el flamante jefe de Servicio de Reconocimientos Médicos cuando era forense de la Policía Bonaerense 17 años atrás. Su hijo había sido víctima del gatillo fácil y ella lo acusó de “dibujar” el primer peritaje, junto a un comisario y un médico legista, para desligar de responsabilidad a los policías. “Creyendo que habían cercenado parte de su hermoso rostro”, Schiavini decidió velarlo a cajón cerrado sin saber que la habían estafado: “Nos negaron el derecho a mí y a todos sus familiares y amigos de la despedida final”.

“Se ve que sus amistades vuelan muy alto, porque quedó libre de culpa y cargo”, comentó ayer a Página/12 Schiavini, que le había perdido los pasos a Ferranti luego del juicio oral en 1997, seis años después de la muerte de su hijo Sergio en una balacera inédita en un bar de Lomas de Zamora. El médico judicial que lo acompañaba, Guillermo Castro Moure, recibió un castigo de la Suprema Corte bonaerense por “falsedad ideológica”. Es que en esa primera y fundamental autopsia no se sacaron fotos ni radiografías del cráneo donde estaba alojada la bala que lo mató, “poniendo en riesgo la credibilidad de la Justicia”. El comisario de la seccional primera de Lomas de Zamora, Osvaldo Trama, también participó de esa primera y engañosa autopsia (su hijo era uno de los oficiales involucrados en el caso). Después de nueve meses en la morgue, le devolvieron el cuerpo para siempre, o casi.

“Hicieron cosas muy desagradables”, continúa Schiavini, quien sufrió el corporativismo de los peritos policiales en sus facetas más execrables: no le querían dar el cuerpo entero. Le faltaba la cabeza y ella reclamó. Se la trajeron en una bandeja de plata cubierta como si fuera una torta (le faltaban la órbita derecha del ojo por donde entró el disparo). “Ferrante dijo haber hecho una autopsia que después no coincidía con el informe previo que hicieron en el Hospital Gandulfo, hasta fraguó el orificio de entrada, diciendo que la herida estaba en la sien izquierda.” Este asesinato fue uno de los primeros en desnudar prácticas policiales aberrantes y el círculo de encubrimientos que las perpetúa. Sergio Andrés Schiavini había emigrado de Trelew a Buenos Aires para tratarse una artritis reumatoidea deformante, era poeta y escritor. La noche del 29 de mayo de 1991 estaba tomando un café en el bar Dalí, en pleno centro de esa localidad bonaerense, cuando el lugar fue asaltado por cuatro personas armadas. Cuando se disponían a huir cayeron 17 móviles policiales y alrededor de 40 agentes e integrantes del grupo Halcón. El tiroteo duró poco más de media hora, hubo más de mil disparos y varios escudos humanos, Sergio fue uno y falleció más tarde en el Hospital Gandulfo.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002 luego del juicio oral donde los 15 policías imputados quedaron libres y siguieron “al servicio de la comunidad” (el resto se borró el día del tiroteo, antes de que llegara el juez). “La gente tiene que saber quién es este hombre”, insiste Schiavini.