María América González, diputada nacional y especialista previsional.

–Algunas estimaciones preliminares indican que van a pasar al régimen previsional de reparto cerca de 1,5 millón de trabajadores, ¿le parece una buena cantidad o esperaba más?

–Más allá del número final de traspasos, lo que esperaba era más preocupación por parte del Estado y de los sindicatos, que son los que deben defender los intereses de los trabajadores. Sabíamos que era una libertad condicional y que si no se hacía una buena campaña de difusión masiva para orientar a los trabajadores sólo iba a servir para pulir los padrones de las AFJP, pues los que ganan menos y los que están cerca de jubilarse iban a ser desechados por las administradoras.

–Algunos datos parciales difundidos por la Anses mostraron que los que se estaban pasando no respondían sólo a esas características.

–Hay que esperar los datos definitivos, pero la realidad es que las AFJP y muchos analistas les recomendaban a los jóvenes quedarse en capitalización y la verdad es que nadie tiene una rentabilidad garantizada en el sistema privado.

–¿Qué más debería haber hecho el Estado?

–Una campaña intensiva. Hay gente en el interior que me llama para preguntarme de qué se trata la opción jubilatoria porque no están ni enterados. La Anses tendría que haber informado más en los barrios.

–Desde el Gobierno podrían responderle que fueron los únicos en habilitar la opción de traspaso al régimen de reparto.

–Fue un acuerdo que hicieron con las AFJP. Muchas veces les dije a los representantes de las AFJP que la libre elección también iba a ser una buena publicidad para ellos porque si son tan buenos como dicen, no habría razón para tener a los trabajadores de rehenes.

–Finalmente se hizo lo que usted pedía.

–Nosotros luchamos por la libertad de opción, pero si sólo se habilita el traspaso por un plazo acotado y no se hace una campaña masiva de difusión pública para informar a los trabajadores las AFJP se terminan legitimando.

–También se decidió que los trabajadores ingresantes que no optan por ningún sistema queden en el Estado en lugar de pasar a las AFJP.

–Eso es muy bueno, pero hay que orientar a esas personas para que las empresas no las obliguen a afiliarse a la AFJP que trabaja con ellos.