La intervención a la obra social del gremio municipal no pudo concretarse ayer, porque los trabajadores del sindicato le impidieron asumir a Jorge Rey, el hombre designado para el cargo por Mauricio Macri, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Rey volverá a repetir el intento el lunes. La semana próxima, el gobierno porteño intentará que la Legislatura convalide ese decreto, en una sesión especial convocada para el jueves, que podría frustrarse por el paro del Sutecba. El gremio, en tanto, presentó ayer un recurso de amparo en contra de la norma, con el fin de parar la intervención. Con la medida, Macri logró que, por una vez, se pusieran de acuerdo los dirigentes de Sutecba, los de ATE y los maestros de Ctera, que rechazaron la intervención.

Rey llegó ayer, pasadas las 13, a la sede de la obra social, ubicada en Rivadavia al 6000, en el barrio de Flores, pero no pudo ingresar, por lo que una escribana del gobierno de la ciudad debió labrar un acta dejando constancia del episodio. El funcionario –hasta ahora vicepresidente de la obra social– consideró que lo ocurrido es “razonable”, ya que los municipales estaban de paro y el personal de seguridad no estaba al tanto de su presentación.

Macri intervino la obra social por 180 días, prorrogables por el mismo lapso, en una de sus primeras medidas de gobierno –de hecho, el decreto que firmó lleva el número 1/08–, en el marco de un enfrentamiento con el gremio municipal, que incluye la cesantía de unos 2400 contratados. Lo hizo con la intención de promover la desregulación de esa obra social de manera que sus afiliados puedan ejercer la “libre elección” de obra social, como venían reclamando algunos afiliados, especialmente los maestros, los médicos y otros profesionales de la salud. Esos sectores, que vienen peleando judicialmente por la desregulación, salieron a rechazar sin embargo la decisión de intervenir la obra social.

El gremio siempre resistió la desregulación de su obra social, que tiene ingresos por aportes de sus afiliados y del gobierno de la ciudad por unos 350 millones de pesos anuales. El decreto de Macri se basa en el incumplimiento del articulo 37 de la ley 472, por la que se creó la obra social. Ese decreto obliga a la Obsba a adherir, antes del 1º de enero de 2003, al sistema nacional de obras sociales desreguladas.

El gremio dice tener un argumento fuerte en contra de esa pretensión: que tanto la Obsba (ex IMOS) como el IOMA en la provincia de Buenos Aires son obras sociales “provinciales”, y no están incluidas en el sistema nacional de desregulación, que comprende a obras sociales “privadas”.

“Para que la desregulación pueda efectuarse, es necesario que la Legislatura sancione una ley específica, que autorice a la ciudad a dejar de hacer los descuentos que hoy hace por ley”, argumentó el secretario gremial del sindicato, Alejandro Amor. En efecto, mientras que los trabajadores privados aportan el 3 por ciento de su sueldo a la obra social y otro tanto para sostener el sistema de atención a jubilados y pensionados (el PAMI), a los municipales les descuentan un 6 por ciento para la Obsba, ya que esa obra social se ocupa de atender a los trabajadores activos y a los pasivos.

“Hay trabajadores que se pasaron a otra obra social por vía de un recurso de amparo, pero cuando hacen el aporte a la otra obra social, la AFIP de inmediato le reclama a la Ciudad el aporte para el PAMI. Pero la ciudad no puede dejar de hacer esa retención porque necesita una ley que la autorice”, explican en el gremio.

El decreto debe ser ratificado por la Legislatura en un plazo de 30 días. De lo contrario, quedará sin efecto. El macrismo intentará dejarlo firme el jueves. Para ello no necesita mucho: veintiún diputados para reunir quórum y una mayoría simple. No parece difícil, ya que su bloque tiene 28 diputados, aunque el problema es que muchos de ellos están de vacaciones.