El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky se presentó ayer en la Cancillería en el marco de una diligencia judicial destinada a preservar pruebas en la causa de los autos traídos con franquicias diplomáticas irregulares. El principal objetivo del magistrado fue la computadora de Jorge Matas, el titular de la oficina de Franquicias. Un técnico informático del Consejo de la Magistratura acompañó al juez y la computadora quedó fajada en un despacho del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aguinsky, junto a la secretaria de la causa, Inés Carbajales, llegó a la Cancillería para hacer la diligencia judicial en el expediente que, según consignó a su llegada, fue iniciado por el propio ministro Jorge Taiana. Sucede que sólo el juez puede ordenar que se intervenga una computadora, por cuanto puede contener elementos personales de quien la usaba. El técnico informático determinó que la computadora estaba conectada a un servidor que también fue intervenido por el magistrado ya que allí hay copias de los archivos que serán investigados.

Por el lado de la Cancillería estaban el Subsecretario de Coordinación, Rodolfo Ojea Quintana, el auditor interno, Alejandro Peyrou, y Eduardo Michel, que ahora está a cargo del Departamento Franquicias de la Dirección Nacional de Ceremonial.

La causa judicial tiene varios ángulos. Por un lado, se investiga a los funcionarios que autorizaron franquicias visiblemente irregulares ya que las Hummer y Porsche no eran vehículos destinados al trabajo de diplomáticos. Además, estaban específicamente prohibidos. En segundo lugar, quedarán en la mira los diplomáticos que participaron de la maniobra. En el caso de los que tienen inmunidad deberá expedirse la Corte Suprema. Por último están los compradores y concesionarias, en especial los que primero nacionalizaron el vehículo y por lo tanto aprovecharon una franquicia irregular. Estos últimos, que podrían ser imputados de contrabando agravado, son investigados esencialmente por la justicia en lo penal económico.

La base de la denuncia de la Cancillería fue una auditoría en la que se evidenciaron exenciones impositivas otorgadas fuera del marco legal, falta de documentación de los trámites, violación de los plazos establecidos en la legislación para la nacionalización de automotores y autorización de ingreso de vehículos que no se adecuan a las funciones de representación de los diplomáticos.