ESPECIALES › SUPLEMENTO 21º ANIVERSARIO
› Por Ricardo Aronskind*
El lockout agrario dejó de ser un problema meramente económico y se transformó en un problema de poder. Una poderosa fracción de propietarios agrarios, acompañada por la derecha política, la mayoría de los medios de comunicación y sectores urbanos variopintos ha tratado de obligar a revocar una decisión del Estado nacional. Los problemas de los productores más débiles, los campesinos y los peones rurales no están reflejados en las demandas de esta violenta acción corporativa.
La palabra negociar tiene connotaciones confusas en Argentina, ya que por nuestra historia reciente se entiende que cuando el Estado negocia debe ceder ante las demandas privadas. En este caso, la “negociación” consistiría en que el Estado nacional aceptara el veto del sector privado sobre una política pública. Esta confusión sobre el lugar del Estado en la sociedad deriva del arrasamiento de las potestades y capacidades estatales, que se aceleró en los últimos treinta años.
El Estado es el único actor social que puede incorporar en su accionar el cuidado por la sustentabilidad política, económica, social y ecológica en el largo plazo que presentan las dinámicas productivas del país. Si el Estado abdica de estas responsabilidades, o las ejecuta débilmente, triunfa la lógica cortoplacista y todos los desequilibrios pueden ocurrir. El débil Estado de los ’80 –incapaz de resistir las presiones sectoriales– terminó en la hiperinflación. El Estado capturado de los ’90 –gobernando a demanda de las corporaciones empresarias– terminó en el default y la catástrofe social. El kirchnerismo tampoco ha tenido entre sus prioridades la reconstrucción del Estado, como instrumento solvente para la ejecución de políticas públicas orientadas al largo plazo.
La decisión de establecer una mínima dirección estratégica en relación a los desequilibrios múltiples que implica el modelo sojero causó un levantamiento de actores que no es sólo contra las retenciones. Es contra la autonomía del Estado y por la continuación de un Estado impotente. Es paradójico que un gobierno que casi no ha tenido políticas transformadoras en relación con la estructura impositiva, el perfil productivo o el cuidado de los recursos naturales se encuentre con semejante reacción ante una medida por la que pretende abandonar la pasividad.
El legado ideológico y político de los ’90 parece ser más sólido de lo que se creía.
n La pretensión de las fracciones propietarias de dictar las políticas del Estado, subordinando el interés general al sectorial, continúa viva y aparecerá cada vez que se pretenda pensar más allá de los intereses privados puntuales.
n La reacción de parte de la población frente al conflicto, decodificándolo al comienzo en términos de “campo vs. Gobierno”, es un reflejo aggiornado de la confusa antinomia “la gente vs. los políticos” de fines de la convertibilidad.
n Los medios de comunicación, en la mejor tradición noventista, ponen las necesidades de manipulación comunicacional de los sectores propietarios sobre cualquier prioridad informativa seria.
Si las demandas privadas hubieran tenido plena satisfacción se crearían dos severos problemas públicos: a) un salto inflacionario mayor aún del que existe actualmente y b) el desfinanciamiento parcial del Estado. Políticamente, el Gobierno empezaría a carcomer su base de sustentación social y a abonar el terreno para quienes quieren desplazarlo prematuramente.
La aparición de un actor poderoso, agresivo y con escasas convicciones democráticas pone a prueba al poder kirchnerista en un doble sentido: como construcción política capaz de afrontar esta disputa, y como gobierno eficaz, capaz de dar respuestas a temas como la inflación, la exclusión, la violencia social. Hasta ahora el Estado ha carecido de planes complejos y abarcativos, más allá de lograr superar el desastre de 2001-2002. Por su parte, el sector privado se limita a reclamar la libertad de enriquecimiento, que no implica desarrollo económico y social. La tarea de transformar la riqueza sectorial presente en un futuro colectivo digno es responsabilidad pública. Se está jugando en estos días si se empieza a avanzar en serio en esa dirección o si volvemos, como en el juego de la oca, a los siniestros ’90.
*Investigador docente UNGS-UBA.
Publicada el 16 de abril de 2008.
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