El texto de la renuncia “indeclinable” del director teatral José María Paolantonio al cargo de presidente del Instituto Nacional del Teatro, enviado por e-mail al secretario de Cultura Rubén Stella, no parece haber modificado sustancialmente su situación ni la de la vicepresidenta Miriam Strat. Hasta el momento, el secretario no anunció públicamente la aceptación ni el rechazo de la renuncia Esta abstención, más la impasse de Semana Santa, parece haber colocado paños fríos sobre un conflicto que arrancó en la primera semana de abril y se profundizó tras la promulgación el lunes 7 del decreto de necesidad y urgencia que modificó la Ley Nacional de Teatro 24.800, de 1997, que dio origen al INT, inaugurado el 27 de abril de 1998 con sede en la Casa del Teatro. El decreto otorga nueva estructura jurídica a un organismo que, en adelante, debe funcionar como “un ente público no estatal del ámbito de la Secretaría de Cultura”. Este cambio, que a los desprevenidos podía parecerles un triunfo, desató una ola de protestas que generaron la renuncia de Paolantonio.
En principio, las protestas partieron de los propios miembros del Consejo de Dirección del INT y de los delegados provinciales, y luego las de numerosos sectores vinculados a la actividad. La resistencia tuvo que ver básicamente con algunos artículos del decreto que, según los afectados, restaban atribuciones ejecutivas al Consejo. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la situación del INT? ¿De qué manera repercute en la actividad de este organismo la crisis? Los miembros del Consejo –que no son designados por el secretario de turno sino que están sujetos a concursos de oposición y antecedentes, y son elegidos por colegas del sector, conformando una entidad colegiada de carácter federal– proponen una conducción interina. La propuesta sería nombrar como director ejecutivo al actor y autor santafesino Rafael Bruza, actual secretario general del Consejo, y mantener al director administrativo Julio César Tiberio, empleado de carrera y entusiasta cavallista. De no ser así, el siguiente a Bruza es Oscar Németh, secretario general adjunto del Consejo y representante provincial de Tucumán y de la región NOA. Sobre este punto ha surgido una duda: la de que en caso de ser aceptadas las renuncias, Cultura propondría un candidato hoy fuera del Consejo: el menemista Luis Andrada, delegado de Misiones.
Mientras tanto –y luego de varios dimes y diretes que nunca dejaron en claro quién fue el ideólogo que propuso y confeccionó el articulado que convertía a Paolantonio, ex director ejecutivo del Consejo, en presidente, y a Strat, de representante de la Secretaría en vice–, el INT ha entrado en una especie de receso, no debido exclusivamente a los feriados de Pascua. Que haya definiciones el lunes o martes no es cosa segura. Si bien la disputa sigue en pie, se advierte la intención de “hacer tiempo” hasta que se conozca el resultado de las elecciones nacionales. Ya se verá entonces quiénes reciben los vítores y quiénes los abucheos. Por el momento, Paolantonio sigue ocupando su lugar en la sede del Instituto, y los miembros del Consejo se sientan en los sillones que les corresponden. Mientras éstos insisten en que nunca se les informó de los cambios ya introducidos por decreto a la Ley Nacional de Teatro, el renunciado presidente aseguró habérselos comunicado mientras la nueva formulación se encontraba bajo estudio en el Departamento de Legal y Técnica.
Lo cierto es que los integrantes del Consejo –cuyos puestos son ad honorem– alientan otras simpatías políticas: los hay de origen radical, también algún saadista y otros de cuño menemista. ¿Puede decirse entonces que antes que una acefalía existen hoy bandos en pugna? ¿Se publicará finalmente en el Boletín Oficial el decreto que anule el promulgado el 7 de abril? ¿A quiénes beneficia el esquema vertical? Más allá de las declaraciones de las partes, poco o nada será resuelto hasta después delas elecciones. Lo único claro es que los miembros del Consejo del INT, cuyo objetivo central es fomentar la actividad del sector y, entre otros puntos, elaborar una política de subsidios a grupos y salas independientes de todo el país, rechazan lo que denominan “verticalismo” pero no las acciones que tengan como propósito restituir la autarquía financiera, desconocida en los hechos a través de recortes y retenciones de fondos por parte del Ministerio de Economía. La autarquía financiera ya había sido contemplada en la Ley 24.800, según la cual el presupuesto, originariamente de 11 millones, se solventaría con un porcentaje de los fondos recaudados por el Comfer y otro proveniente de Lotería Nacional y Casinos.