Hace cuatro meses, un artículo publicado en estas mismas páginas (véase la edición del 2 de marzo de 2003) daba cuenta del alarmante estado de las cosas en la lucha contra la piratería discográfica. En ese momento empezaban a revelarse los orwellianos métodos de vigilancia sobre las redes de universidades y la firme intención del Congreso estadounidense de pasar a acciones más específicas. La guerra del MP3 (y sus conexiones hacia la industria del cine y de software) anunciaba sonoros desembarcos. El momento llegó, y los Marines antipiratería terminaron de ajustarse la ropa de fajina: según los últimos informes, la RIAA (Recording Industry Association of America) y la MPAA (su par del mundo cinematográfico) estánimpulsando citaciones judiciales a grandes servidores de Internet en Estados Unidos, a un ritmo de 75 por semana, pero con la intención de llevar ese ritmo a 300. Hasta el momento se libraron 900 papeletas judiciales, y todas exigen lo mismo: que Comcast Cable (antes AT&T Broadband), Road Runner, Verizon Communications, Earthlink y AOL, entre otras, identifiquen quiénes son los dueños del alias informático usado en la red y, a través de la identificación de conexión IP, informen su dirección y teléfono, para ser procesados por ofrecer archivos en la red. Ni siquiera hace falta que sean piratas a gran escala, ya que el sólo hecho de haber subido un puñado de canciones alcanza para iniciar el proceso. Ya no es una guerra latente sino real, una guerra que no pide muertos sino prisioneros. Muchos prisioneros.
¿Qué es lo que acelera los tiempos de esta manera? A mediados de este mes, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, el ente que integra a 1500 sellos de 70 países) publicó su informe 2002, que pinta un panorama aún más catastrófico que en 2001. El año pasado, la piratería de discos mundial creció un 14%, llegando a 1.8 billones de unidades vendidas. Si se cuentan todos los soportes, el crecimiento pirata llega al 40%. Brasil, Paraguay, México, China, Polonia, Rusia, España, Taiwan, Tailandia y Ucrania se convirtieron en los diez países prioritarios para IFPI, países donde el mercado pirata ya se comió al oficial o va en buen camino. Se secuestraron 50 millones de discos en todo el mundo (en 2001 fueron 13 millones), pero a la vez se detectaron miles de plantas de fabricación de CD’s vírgenes cuya producción excede largamente las necesidades del mercado de su país de origen.
Todas esas cifras contemplan sólo los productos realizados en CD–R (con arte fotocopiado o sólo una hojita informativa) o las operaciones de falsificación a gran escala en CD o casete: en realidad, el informe de IFPI no da cuenta de la piratería provocada por el intercambio de archivos en Internet. Pero a la labor de investigación policial, concientización de gobiernos (que incluye asesorías de especialistas de IFPI en producción pirata y legislación) y presión hecha y derecha (a través de tratados como el World Copyright Treaty, impulsado por un gobierno de Estados Unidos siempre listo para toda guerra) debía sumarse una acción ejemplificadora, un ataque en todos los frentes. Es que la proliferación de archivos en la red es mucho más elusiva que una cueva donde, torre de quemadoras mediante, se fabrica lo que después poblará las mantas de toda gran ciudad.
El informe de IFPI, además, reserva un párrafo de interés local. “En 2002, Argentina sufrió una crisis política y económica demoledora que impulsó el crecimiento de la piratería. De menos del 50% en 2001, la piratería ascendió al 60%, lo que significa unos 9 millones de productos ilegales. Ha habido algunos éxitos de las autoridades de la Aduana, pero se necesita más asistencia para investigar y allanar laboratorios piratas mayoristas. Las actuales sanciones legales no poseen una acción punitiva suficiente, y deben ser urgentemente modificadas”. Por esas mismasrazones, en el último mes Sergio Salcedo y Daniel González Casartelli (directivos de Capif, Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas) tuvieron sendas entrevistas con Norberto Quantín, secretario de Seguridad de la Nación, y Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, para llamar la atención sobre un problema que se está comiendo a la ya alicaída industria de la música. El mercado argentino no entra en el top ten de la entidad (véase aparte), pero porque la atención está puesta en dos vecinos poderosos: Paraguay, cuyo mercado es 99% pirata, y Brasil, donde el problema crece fuera de control. Por eso mismo, el informe destaca el golpe que significó el secuestro de 12 camiones con 4.8 millones de CD–R’s en blanco en la frontera argentino/paraguaya, a la vez que advierte sobre el estado de cosas en Colombia (65% del mercado es pirata, con 17 millones de unidades) y cruza la piratería con las actividades terroristas en territorio colombiano, del mismo modo que señala a la mafia italiana como activa cultora de la actividad, que deja dinero fácil para financiar tráficos más riesgosos.
Frente a esta enormidad de datos, alrededor del mundo los músicos enarbolan opiniones en las que el factor común es “si comprás discos piratas o te bajás temas de Internet, nos estás robando”. El análisis es atendible, aunque da la impresión de que está haciendo falta cierto balance, y –sobre todo– un debate que nadie quiere afrontar seriamente. Está claro que no se puede justificar el accionar de los piratas, una auténtica sangría de recursos y posibilidades. Pero el ruido de juzgados y declaraciones grandilocuentes parece tapar un par de cuestiones esenciales. En el sitio de Internet www.negativland.com/albini.html, Steve Albini, legendario productor responsable del In Utero de Nirvana –para dar sólo un ejemplo–, incluye un largo ensayo titulado El problema en la música, en el que da varias pistas sobre el funcionamiento de la industria discográfica y su relación con los músicos, esos mismos músicos a los que se pone en primer lugar a la hora de justificar acciones atendibles como la investigación policial de criminales dedicados a la piratería en masa, y otras que apestan a caza de brujas y persecución de perejiles (La RIAA, por ejemplo, ofrece una recompensa de hasta 10 mil dólares a quien denuncie a un pirata, y los mails oficiales de algunos sellos argentinos cierran con el texto “contanos dónde venden discos ilegales”).
El texto de Albini cierra con una serie de cifras que él conoce muy bien, con un balance final revelador. Tomando el ejemplo de una banda que vendió 250 mil copias de su disco debut para un sello major y lo apoyó con una gira de cinco semanas, el productor apunta las siguientes ganancias: 710 mil dólares para la compañía discográfica; 90 mil para el productor; 51 mil para el manager; 52.500 para el estudio de grabación; 50 mil para el sello independiente del cual procedía el grupo; 7500 para el agente, y 12 mil para el abogado. Cada músico de la banda se lleva, por todo concepto, 4.031,25 dólares.
Es cierto. Los piratas están matando a la música.