La ley que actualmente regula la radiodifusión en la Argentina data de 1980. Su contenido no sólo responde al espíritu dictatorial del momento en que fue sancionada, sino que además el paso del tiempo y las nuevas tecnologías lo volvieron obsoleto. Increíblemente, en veinte años de democracia no fue posible promulgar una ley que reemplace a la problemática 22.285. Un grupo de más de novecientas organizaciones e intelectuales vinculados con los medios de comunicación consensuaron el documento “21 puntos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia”, convencidos de que “si unos pocos controlan la información no es posible la democracia” y que “la Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural”. Celebrando el Día de la Radiodifusión, distintas personalidades de la cultura leerán esos 21 puntos en una emisión especial que será transmitida en cadena hoy a las 12 por las emisoras de Radio Nacional, radios comunitarias, universitarias, de frontera y todas las emisoras que adhieren a esta propuesta.
Por primera vez el documento logra puntos de acuerdo alrededor de la nueva ley y reúne adhesiones de gremios de la comunicación, organismos de derechos humanos, universidades y carreras de Comunicación, organizaciones ciudadanas, asociaciones de radios universitarias, cooperativas e indígenas, y referentes teóricos de la comunicación a nivel mundial como Armand Mattelart, Antonio Pasquali o Rosa María Alfaro. Los únicos ausentes son, casualmente, los representantes de los actuales conglomerados de medios. “Desde los sectores populares nunca se había logrado un acuerdo como éste, no sólo para reclamar una nueva ley sino para dotarla de contenido”, destaca Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Por qué llevó tanto tiempo una discusión tan evidentemente urgente? Parece también evidente: “Hasta ahora los grandes grupos económicos no lo permitieron y el poder político se subordinó al poder económico”, concluye Busso.
Entre los baches más groseros de la ley, en la práctica excluye al sector social de la radiodifusión, al establecer en su artículo 45 que pueden ser licenciatarias “personas físicas o sociedades comerciales”. “Si un grupo de ciudadanos se asocia con fines educativos, culturales o religiosos, no puede acceder a una licencia. Si ese mismo grupo se reúne con la finalidad de ganar plata, entonces sí puede hacerlo. La ley es nefasta en su concepción, considera a la comunicación como una cuestión comercial y no como un derecho humano de todo ciudadano”, concluye Busso. Empeorada por decreto en los ’90, la ley abrió las puertas a la concentración de la propiedad de los medios, convirtiéndolos en oligopolios.
Pero además, con el paso del tiempo muchos artículos quedaron obsoletos y fueron modificándose en la práctica. “Hasta se convirtió en un documento de humorismo involuntario: establece, por ejemplo, que está prohibido dar información de juegos de azar, o que está prohibido emitir comunicaciones telefónicas. No prevé el servicio de cable, entre otras cosas increíbles”, subraya Carlos Ulanovsky, director de Radio Ciudad. El ordenamiento de las frecuencias es otro de los asuntos pendientes de una nueva ley. En el camino quedan casos como el de la pérdida de la frecuencia original de esta radio (en 1996 la AM 710 pasó a manos de Daniel Hadad en una extraña operación), que están siendo revisados por el Comfer. Mientras tanto, cientos de radios continúan funcionando precariamente en todo el país mientras se espera un nuevo marco regulatorio.