La tragedia que se desató en República Cromañón disparó inspectores a lugares que hasta entonces las sucesivas administraciones de la ciudad mantenían en el olvido. Es el caso de los teatros independientes que, si bien fueron censados (e incluso se los identificó en una lujosa revista distribuida por la oficina de prensa del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires como ejemplo de creatividad), se hallan entre los espacios que desarrollan una actividad todavía no regulada cabalmente. La reciente clausura de las salas Belisario y Concert alertó a las distintas agrupaciones de la escena alternativa. En principio, la Asociación de Teatros Independientes (ATI) redactó un comunicado de emergencia en representación de ochenta salas y espacios teatrales no convencionales. Actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas y técnicos autoconvocados emitieron un texto y designaron una comisión encargada de entrevistarse con el secretario de Cultura, Gustavo López, y otros funcionarios de las áreas de Habilitación y Seguridad, con quienes hoy se realizará un nuevo encuentro.
La ATI acordó la necesidad de elaborar en conjunto una normativa que acabe con la incertidumbre en la que se encuentran: “El vacío y las contradicciones existentes en las normas legales no se resuelven con el cierre indiscriminado de nuestros espacios culturales”, subrayaron los convocados, destacando la relevancia de la escena independiente, tanto a nivel nacional como extranjero, y el empeño de sus integrantes, aun en épocas de intolerancia (el ametrallamiento del frente del Payró en 1961 por la puesta de El otro Judas, de Abelardo Castillo, entre muchos otros ejemplos) y de sangrientas dictaduras, cuando debieron soportar el ataque con bombas incendiarias, pastillas de gamexane y demás. Entre los logros conseguidos figura la sanción de la Ley Nacional de Teatro (la 24.800, de 1997), “obtenida después de cincuenta años de lucha”, y la creación del Instituto Nacional del Teatro, destinado al fomento de la actividad en todo el país. En 1999 fue promulgada la ley 156 (de la ciudad) que generó Proteatro, institución presidida desde su fundación por el actor y director Onofre Lovero. Este organismo nació para apoyar la actividad escénica no oficial de la ciudad.
El primer paso es crear una figura legal que tenga en cuenta las peculiaridades de estas salas. Existe una ordenanza de 1988, obsoleta en opinión de los teatristas, sobre la que de todos modos se está trabajando. A esto se añade que el Código de Planificación Urbana no contempla a los teatros independientes. Entrevistada por Página/12, la actriz y directora Felisa Yeni (quien comparte con su hijo Diego Kogan y colaboradores la dirección del mítico Teatro Payró e integra el grupo de delegados que mantiene tratativas con los funcionarios) sostiene que se viene trabajando sobre cuestiones específicas, legales y técnicas: “Quizá se pueda unificar legalmente a las salas bajo el nombre de Club y anexo de teatro independiente”, apunta. “Esa sería una figura válida, en la que hoy está encuadrada, por ejemplo, la sala Anfitrión. Necesitamos una reglamentación de mínima para poder seguir funcionando. Por el momento nos mantenemos activos y en alerta, pero aún no tenemos resultados en firme. Las propuestas deben ser consensuadas para poder establecer un mejor diálogo con los especialistas en habilitación y seguridad, y esto lleva tiempo”.
Una de las razones a la falta de habilitación de los teatros es la omnipresente burocracia. El caso record fue justamente el Payró, teatro que, por otra parte, estuvo a punto de desaparecer, primero por las presiones de desalojo de la última dictadura militar y después por las obras de Galerías Pacífico, ya privatizada. Para ese predio de la calle San Martín 766, que en otro tiempo albergó a Los Independientes (también el nombre del grupo que lideró el actor y director Onofre Lovero), la habilitación tardó 21 años en hacerse efectiva. Lo recuerda Yeni al decir que “Lovero inició los trámites de habilitación en 1953 y nosotros (la directora, su compañero Jaime Kogan y colaboradores de este director y régisseur fallecido) la obtuvimos recién en 1974, cuando el nombre del teatro era Payró (el cambio se produjo en 1968)”.
Por su lado, el actor, director y régisseur Rubén Szuchmacher, dueño de la sala El Kafka y también integrante de la comisión, se refiere al intento de “poner orden en este caos”. La promulgación de nuevas ordenanzas y la agilización de los trámites constituyen asuntos básicos: “Algunas salas están en trámite desde hace ocho o nueve años”, ejemplifica, en diálogo con este diario. Esto no implica, en su opinión, desligar compromisos: “En esta especie de caza de brujas que se ha desatado, la responsabilidad debe ser compartida”, sostiene. “No aceptar la desidia de los burócratas ni la de quienes abren salas.” Los problemas son varios: Szuchmacher alude, entre otros, al permiso de levantar teatros en zonas residenciales. Se sabe de la multiplicación de teatros en los barrios que, sobre todo en los últimos años, paliaron la falta de trabajo de los artistas y de dinero para el alquiler de salas que, además, no eran compatibles con la experimentación. Poseer una sala, e incluso convertir la propia vivienda en taller de teatro y ofrecer muestras con alumnos o espectáculos con profesionales, aseguraba continuidad en oficios que, si no se practican, mueren.
“Es cierto que durante la gestión de Carlos Grosso se hizo cualquier barbaridad –opina el director–, pero el impacto ambiental de las salas independientes no es negativo. No es lo mismo inaugurar en un barrio una pequeña sala que una discoteca. Nosotros reivindicamos los 75 años de la escena independiente (tomados desde la conformación del Teatro del Pueblo, conducido por Leónidas Barletta, sin olvidar los aportes pioneros de Teatro Libre, Teatro Experimental de Arte y El Tábano, entre otros grupos). La dificultad para encontrar la figura legal se debe no sólo a la pachorra de la gente (de teatristas y funcionarios) sino también a que la nuestra es una actividad no rentable. A los independientes nos cuesta recuperar lo invertido en una obra. Eso cuando va bien. Y si nuestro trabajo no genera ganancias, ¿para qué, digo, nos van a tomar en cuenta? Uno, como dueño de este tipo de sala, casi no tiene empleados, por ejemplo. Tiene colaboradores transitorios o voluntarios. ¿Qué normas legales nos aplicarían en estos casos?”