Desde hace años existe una marcada contradicción entre la tradicional visión de la política cultural como promoción de la diversidad, y una nueva orientación en la que la cultura es vista como una mercancía de gran potencial económico. A partir de la Ronda de Uruguay (1986-1994) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) los servicios y bienes culturales comenzaron a formar parte de la agenda del organismo. Aun cuando se mantienen restricciones, a partir de ese momento los criterios que guiaban la regulación del sector cultural terminan de asumir un sesgo economicista, en detrimento del enfoque basado en la protección del acceso a la cultura y el pluralismo informativo.

Estas transformaciones tienen estrecha vinculación con los intereses de generar un mercado global de comunicación y cultura. Si bien la transnacionalización de los bienes culturales encuentra antecedentes, la posibilidad de unificar la distribución de bienes simbólicos a nivel global, está estrechamente vinculada al proceso de digitalización de la cultura.

Por otra parte, la relación entre las políticas culturales y las sociedades ya no está solo mediatizada por el Estado y los actores interesados. Los organismos internacionales como la OMC, Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Unesco, UIT, así como los acuerdos supranacionales (UE, Mercosur) y bilaterales intervienen en el diseño de las políticas de comunicación.

En el proceso globalizador se visualizan limitaciones al accionar tradicional de los Estados como consecuencia del afianzamiento de nuevos actores en la escena mundial con mayor capacidad de decisión y negociación. Si bien el Estado sigue siendo importante, no todos son iguales. Sandra Braman distingue uno hegemónico (Estados Unidos), dos competencias (Japón y la Unión Europea), y los países en desarrollo para los cuales la “Sociedad de la Información” y el nuevo entorno regulatorio pueden ser fuentes de bienestar social pero también de importantes desafíos. Para que lo primero ocurra, los países periféricos tienen que estar pendientes del proceso de reestructuración global, y no limitarse a esperar las dádivas que el avance tecnológico les prometa.

Los productos culturales son transmisores de visiones del mundo. Sin embargo, la naturaleza dual de las obras culturales hace que operen como expresiones de identidad, pero también como bienes y servicios mercantiles. Son dos aspectos indisociables, que resultan caros si no se consideran.

El comercio de servicios en la OMC se define de manera muy amplia para incluir la inversión extranjera directa en diversos sectores, entre los que están incluidos las telecomunicaciones y el audiovisual. Es importante destacar que la liberalización puede llegar a implicar la eliminación de cualquier medida gubernamental que favorezca a un proveedor nacional frente a uno extranjero, así como la desregulación cuando una norma se considera demasiado onerosa para los inversionistas y proveedores de servicios extranjeros. Frente a este avance, algunos países comenzaron a delinear un proceso de resistencia que buscó garantizar la “diversidad cultural”. Esta iniciativa permitió postergar la discusión en la Ronda Uruguay, a cambio de incorporar el tema en la siguiente.

Dentro de la propia OMC algunos países han planteado que el sector audiovisual debe ser considerado como parte de la industria del entretenimiento, y por lo tanto sujeto a reglas de liberalización, mientras que otro grupo de países considera al audiovisual como un producto cultural, que merece un tratamiento diferencial.

Varias medidas de política cultural en el área audiovisual se verían amenazadas de imponerse finalmente los criterios impulsados por la regulación global: subsidios del Estado, la televisión pública, las políticas de cuotas, los requerimientos de nacionalidad, los impuestos destinados a financiar productos locales, las exenciones impositivas, los privilegios para contenidos nacionales. Este listado incompleto sirve de ejemplo de los efectos devastadores que estas políticas podrían tener en el ámbito latinoamericano. Más si se considera que aún hoy, en “tiempos de proteccionismo”, los balances son altamente deficitarios.

Es importante alertar sobre las consecuencias que tiene el nuevo gobierno global sobre las políticas culturales. Especialmente porque, por lo general, los debates sobre los beneficios de los procesos de integración suelen soslayar las amenazas que el mismo presenta. Ahora que la Ronda de Doha ha fracasado cabe preguntarse qué actitud habrían adoptado los países emergentes si los países centrales hubieran cedido su proteccionismo en el sector primario a cambio de una flexibilidad general en el sector servicios. En qué medida un beneficio económico no traería aparejado el enorme riesgo de reducir nuestras políticas culturales a cenizas.

Esto se ve reflejado en lo que por ahora representa la mayor incidencia real en términos de gobernanza global hasta la actualidad en los países latinoamericanos: la firma de tratados bilaterales. Un criterio general que se puede reconocer es que si bien los productores culturales han logrado establecer coaliciones para la defensa de las industrias culturales locales, en general el debate público en torno de los tratados de libre comercio suele centrarse en los “beneficios” que los mismos traerán en materia de apertura de mercado para la producción nacional. Si bien algunos países han logrado mantener excepciones en la producción cultural analógica, los suministros de servicios que usan medios digitales quedan incluidos dentro de las obligaciones contraídas en el capítulo de comercio de servicios. Se han protegido las políticas culturales actuales, pero los acuerdos suponen una seria amenaza a las del futuro.

Las políticas de hoy serán las que regulen la producción cultural del mañana. Es por ello que es preciso impulsar el conocimiento de este tema en la comunidad académica y en la sociedad civil en general. David Hesmondhalgh (2005) realiza una acertada advertencia al respecto cuando observa que la indiferencia pública es espejada por la ausencia en la literatura de los estudios de medios de “la formación de la política pública más general”.

Ante este panorama creemos conveniente proponer algunas sugerencias.

En primer lugar, parece indispensable contar con más y mejores recursos humanos formados en derecho comercial internacional que mantengan una mirada humanista. Esta posibilidad debería ser complementada por un mayor y mejor intercambio entre los países de la región a efectos de coordinar y articular decisiones.

En segundo lugar, definir una estrategia para mantener la actual capacidad de implementar políticas nacionales de cultura. Para ello es preciso tener una propuesta en la OMC que supere los criterios tecno-economicistas. Esto supone en el plano nacional alertar a numerosos economistas que estarían predispuestos a negociar la liberalización del tercer sector a cambio de concesiones de los países del G8 en el sector primario.

En términos generales, se propone una estrategia complementaria que promueva la defensa de las capacidades políticas existentes, que se mantenga atenta y con opciones claras y definidas frente a las nuevas agencias regulatorias internacionales, y que finalmente tenga capacidad de usufructuar las potencialidades que brindan las NTI (nuevas tecnologías de la información) para potenciar los efectos de las políticas consensuadas.

* Profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Buenos Aires.