La nueva discusión en la ciudad de Buenos Aires en torno de “los trapitos” ha dado origen al debate, una vez más, sobre los “espacios públicos” y la “cosa pública”. Los espacios públicos son entendidos como aquellos lugares que suelen ser mensurables, que tienen ciertos contornos que lo separan de aquello que se supone ¿privado?, o que no le pertenece a nadie (¡!).

La “cosa pública” tiene ciertos perímetros que la alberga pero sujeta a cuestiones temporales según los momentos históricos. La cosa pública es entendida como aquella que tiene un espacio y un tiempo, determinados por diferentes variables sociales, culturales y/o económicas, según sea “la cosa”.

Los medios de comunicación son parte de este debate. Desde el año 2003, con la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, el canal de televisión estatal, Canal 7, comenzó con una nueva gestión que tuvo dos características importantes frente a la pantalla. Primero, atender las necesidades tecnológicas en torno de la modernización de sus equipos de producción y transmisión. Segundo, concederle una vital importancia a la producción de contenidos, otorgándole jerarquía a la información y a la cultura.

Durante este período, el Canal 7 se ha hecho conocer por la frase “la Televisión Pública”, lema que se impuso dentro del mundo de las comunicaciones pero también socialmente. Esto sirvió para diferenciarse de los demás canales de gestión privada y al mismo tiempo intentó ubicar a éste en “aquel lugar de todos”, donde se encuentran todas las voces e imágenes sin distinción partidaria, religiosa o de otro tipo. Es aquel lugar donde podemos estar representados todos.

El “espacio público”, Canal 7, parece converger en la “cosa pública” en tanto la autoridad gubernamental, mayoritariamente elegida por el pueblo, ha impulsado una estrategia comunicacional que privilegia lo público (lo de todos) por encima de los intereses privados (lo de algunos).

Aun así, es necesario preguntarnos ¿en Canal 7 estamos todos representados? o ¿en Canal 7 estamos todos?

La televisión debería garantizar tres servicios fundamentales: el entretenimiento, la información y la educación. En este sentido, la sola presencia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de un canal de televisión estatal parece insuficiente para semejante campaña, independientemente del esfuerzo y la capacidad profesional, política y democrática de los mismos.

Parece insólito que en los medios de comunicación estatal no exista una representación más amplia de los diferentes sectores sociales y políticos. Es sobre la base de una mayor participación que se podrá afrontar políticas comunicacionales de mayor alcance y, al mismo tiempo, enfrentar las nuevas formas comunicacionales producto de los cambios tecnológicos y de las relaciones culturales en torno de ellas.

Asimismo, resulta insuficiente pensar en la “cosa pública” si sólo observáramos los medios de comunicación estatal.

El Canal 7 es un canal público de gestión estatal, pero también hay otros canales que son públicos pero su gestión es privada: Telefe, Canal 13, Canal 9 o América. En este sentido, el Estado establece una serie de normas que regulan su funcionamiento. Sin embargo, éstos no parecen estar integrados a la “cosa pública”.

Si tuviéramos que tomar las tres consignas fundamentales para la televisión, diríamos que los canales de gestión privada cumplen la primera consigna, el entretenimiento, con gran esmero. En cuanto a la información, en muchas oportunidades observamos que prevalece la desinformación. Y la educación es un bien que está supeditado a los dos principios anteriores, o sea...

La responsabilidad del Estado, a manos principalmente del Poder Ejecutivo, es limitada frente al despropósito de los contenidos de la programación de los canales de televisión de gestión privada, que están más comprometidos en aumentar las ganancias de algunos, incluyendo las corporaciones de cualquier tipo, que en favorecer una vida de calidad para el público, es decir para todos.

Cualquier intervención por parte del Estado sería considerada un acto autoritario del Gobierno. Por ese motivo resulta imperiosa una mayor presencia de los diferentes sectores políticos en las políticas comunicacionales, tanto de los canales de gestión privada como los del Estado, para que la incidencia de las decisiones no recaiga únicamente en el gobierno de turno, sino que sea parte de una política comunicacional del Estado a largo plazo, para que los canales de televisión (“los espacios públicos”) se conviertan en “la cosa pública”.

* Docente. Carrera de Artes Audiovisuales (UNLP).