Se cumplieron tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aún se escuchan los ecos de aquellos argumentos que se instalaron desde la representación de los grupos concentrados.

Potenciales “censuras” de contenidos o un espíritu de contralor se constituyeron, desde entonces, como fantasmas al acecho. Acompañados por títulos, acotaciones y representaciones que embrollaron el verdadero eje de la discusión.

El temor a la regulación del sector de radiodifusión sobre la propiedad de los medios, verdadero déjà-vu de 2009, sigue muy vigente. En un breve recorrido por los más de 25 años desde el retorno democrático, resulta evidente que no se sustituyó la norma de facto (Ley Nº 22.285) por los vaivenes que sufrió el tratamiento de proyectos de ley, iniciativas o debates que se tiñeron de confusiones, silencios, presiones e intereses económicos que primaron por encima de la democratización del sector. Ni la peor ley sancionada en democracia, aun si fuera éste el ejemplo, sería tan perjudicial como aquel decreto con peso de ley firmado por Jorge Rafael Videla en 1980. Quienes desean perpetuar su relato hegemónico se situaron, una vez más, cercanos a la actividad que alguna vez el Comfer propinó en sus épocas más oscuras, con órdenes de decomiso y control de los contenidos. Una verdadera máquina de impedir la expresión de nuevos actores, de esas “otras voces” que seguimos sin escuchar.

Resulta interesante volver sobre aquellos 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, contemplados en el corpus normativo actual. En sus planteos residen los nuevos desafíos a implementar por la Afsca. ¿Quién vela por los sectores invisibilizados? ¿Quién se preocupa por aquellas organizaciones no gubernamentales que desean regularizar su actividad y obtener una licencia? Asimismo, los efectos de la herencia de un mapa de medios concentrado que sigue hegemonizando la agenda centralista de los argentinos. ¿Por qué no se puede pensar en emisoras estatales que no operen como gubernamentales?

Como manifestó en alguna entrevista Washington Uranga: “No hay desarrollo, en ningún campo, sin comunicación democrática”. Y bajo esta premisa, la ley democrática puede perfeccionarse. Debe aggiornarse. Pero para ello es vital su inmediata aplicación. Que los medios de comunicación, como reconocidas instituciones políticas, se ajusten a derecho es un primer paso. Aunque no pretenda ser ésta una reivindicación de las teorías sobre la omnipotencia de los medios, mientras los propios regulados pretendan seguir “regulando” e imponer su propia cosmovisión, será difícil que este u otro gobierno pueda efectivizar la convalidación de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) con la norma que –audiencias públicas mediante– trató el Congreso de la Nación y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional (PE) el 10 de octubre de 2009.

En plena cuenta regresiva hacia el 7D, la temática se vuelve interesante en la medida en que se logre realizar un análisis profundo. Acompañado de un debate que nos cobije como sociedad y que exceda el mero trasfondo político y mediático “Grupo Clarín vs. gobierno nacional”, como un Boca-River en el que pierde la democracia.

* Licenciado en Periodismo (USAL).