¿Los gobiernos (nacional, provincial y municipal) tienen derecho a utilizar los medios públicos estatales para difundir sus políticas y a través de los mismos fijar su posición frente a las polémicas que se plantean cotidianamente desde los demás sectores? Intentaré responder a este interrogante y sumar algunas ideas al pertinente debate propuesto por Hugo Muleiro en Página/12 el pasado 17 de abril.

El modelo mediático hegemónico que se instaló en los años noventa disfraza de periodismo independiente su dependencia política, ideológica, técnica y cultural de los grandes grupos concentrados de la economía y del modelo de mercado, que son quienes los sostienen económica y judicialmente. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) habilitó la legalidad para que otros sectores avancen sobre ese modelo de medios. Así están los medios universitarios, que a partir de la promulgación de la ley accedieron a licencias para manejar frecuencias audiovisuales. Hay otro sector, en el que se incluyen los medios administrados por las micro y pequeñas empresas de arraigo local, el sector cooperativo y comunitario y los pueblos originarios.

La distorsión que en los ’90 produjeron los grandes medios concentrados, más conocidos como monopolio mediático, llevó a que la aplicación de la ley (que garantiza espacios para todos) se postergara por más de tres años.

En esta distribución de espacios que hizo la LSCA se preservó un 33 por ciento para las organizaciones sin fines de lucro y se garantizaron radios y canales para los pueblos originarios.

Pero no todos están en las mismas condiciones para enfrentar el desa-fío de la libertad de expresión. Los únicos que no tienen garantizada su sostenibilidad en el sistema de medios son los del 33 por ciento, los pueblos originarios y las micro y pequeñas empresas de arraigo local.

Todos los medios son públicos, sólo se diferencian por su modelo de gestión. Los grandes integran un dispositivo tecno-económico-cultural que promueve el modelo socio-económico-cultural de mercado. Son impulsores de las políticas neoliberales y sostenedores del sistema capitalista, atado a la financiarización de la economía. En ellos se defiende a la banca mundial, la concentración económica, se impulsa el Estado mínimo y la privatización de la sociedad. Condicionan a los gobiernos desde esta posición dominante y sustraen la verdad a los públicos. Públicos que son el sujeto de derecho: a la información y a la libertad de expresión.

Los medios estatales manejados por los gobiernos nacional, provincial o municipal, según los postulados de los grandes, tendrían que ser estatales no gubernamentales y en sus contenidos debería reproducirse la agenda que ellos manipulan día a día y en la que nunca se ve, por ejemplo, la obra pública o la gestión gubernamental.

Las universidades no han logrado, hasta el momento, entrar al sistema con algún grado de potencia; los casos más destacados son los de Córdoba (que desde la aprobación de la LSCA, logró poner al aire el primer canal de noticias del interior del país y mantener las radios AM y FM y el canal de televisión abierta), y Tucumán y La Plata, que también tienen canales propios con un impacto importante.

Ningún sector de los mencionados está en condiciones de enfrentar al monopolio que concentra el manejo del cable, conexión hasta ahora necesaria para que el público acceda a la mayor cantidad de canales de televisión. Es por eso que se demanda un rol activo del Estado y los gobiernos (en todos sus niveles y encuadramientos políticos) para que se garantice el funcionamiento integral del sistema habilitado por la ley.

Desde esta posición se puede sostener que ante el predominio del modelo oligopólico de gestión y de producción de contenidos noticiosos, artísticos y de entretenimiento, los gobiernos, a través de los medios estatales, están en todo su derecho de defenderse de los ataques permanentes y tienen la obligación de utilizar el espacio para dar a conocer la gestión gubernamental, negada sistemáticamente por el mercado.

En las condiciones en las que se desarrolla hoy el sistema de medios, la democracia (según la ley de SCA) admite medios públicos privados (sin monopolio), medios públicos estatales (manejados por los gobiernos) y medios públicos no estatales ni gubernamentales. Es cuestión de que la democracia (no sólo el kirchnerismo y el Ejecutivo nacional) respete el texto integralmente y garantice su total aplicación. La última palabra para cerrar esta etapa que definirá si la democracia se impone al monopolio la tiene un puñado de personas que integran la Corte Suprema de Justicia.

* Periodista, psicólogo. Integrante de la Mesa de Coordinación de la Coalición por una Comunicación Democrática.