Mié 29.05.2013

LA VENTANA  › MEDIOS Y COMUNICACIóN

Más política

Lucía Caruncho asegura que no es la comunicación la que está en crisis, sino la capacidad del régimen democrático para representar políticamente a los sectores excluidos.

› Por Lucía Caruncho *

La diversidad de grupos sociales e identidades, la multiplicidad de demandas, reivindicaciones e intereses, sumadas a un creciente proceso de especialización y diferenciación en todas las áreas de la vida humana, evidencian la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas, donde pensar lo político en términos de consentimiento discursivo implica desconocer a igual tiempo las diferentes ideas, valores y creencias, políticas, sociales y culturales.

Por eso, más allá de las preferencias individuales en torno de las formas comunicacionales de los líderes políticos, que no asuste la verborragia, ni la elocuencia, que asuste su ausencia. Porque cuando las voces se apagan, la diversidad se esfuma y la palabra política es única, lo que está acallando es una dimensión importante de la vida cívica.

Lo dicho no intenta conspirar contra la paz pública ni igualar la discusión política a la mera confrontación, lo que se dice es que las libertades democráticas agitan siempre el orden establecido. Por eso, en tiempos donde el conflicto mediático está de moda, el filo de los discursos políticos despierta corazones adormecidos y moviliza por igual a seguidores y detractores.

Pero si bien los medios de comunicación juegan un rol imprescindible al expresar intereses sectoriales y visiones del mundo, se trata de una representación mediática reducida a ella misma, es decir, da cauce y visibilidad a las demandas sociales en la comunicación y no en la política. Lo que pone en peligro la calidad democrática no es, como se sugiere, la crispación, el personalismo ni el sentimentalismo discursivo, la democracia peligra cuando existen sectores de la población huérfanos de representación política.

Es que la comunicación es sólo una de las dimensiones necesarias para la constitución de un régimen democrático. Cuando la palabra no se activa en acciones y en instrumentos normativos, muere no sólo la esperanza, sino también la posibilidad real y concreta de absorber políticamente las transformaciones socioculturales, potenciar la expansión de la ciudadanía y generar las condiciones necesarias en pos de la equidad e igualdad de oportunidades. Es la representación democrática la que está en juego, por tanto son los poderes políticos y el sistema de partidos los principales responsables de tomar decisiones que potencien y fortalezcan el proceso de democratización.

No basta el diálogo para derrotar la vejación de los derechos humanos. Palabras como bien común, salud, seguridad, inequidad, justicia social, inclusión, se repiten a diario, y más allá de las repercusiones que tienen en el fuero íntimo de cada uno, para que la disposición actual de cosas cambie se necesita además, y fundamentalmente, un apartado político capaz de hacerlas viables. Porque la democracia no muere ante la existencia de conflicto, muere cuando no es posible trasladar esas cosmovisiones y esas luchas al sistema político. Esto se vuelve un importante desafío, al considerar bastos sectores de la sociedad ensimismados en la comunicación y enajenados de la política, políticos más mediáticos y menos representativos, y unas instituciones con incentivos cada vez más particulares y menos colectivos.

Por eso es necesario dar cuenta de la realidad sin tapaduras ni máscaras, reconocer los negocios mediáticos, los intereses políticos, los vericuetos legales y jurídicos, para reconstruir, a partir de allí, un engranaje más transparente y democrático, que otorgue forma legítima a los juegos del poder político, con el objeto de garantizar la gobernabilidad democrática.

No cabe duda de la imperiosa necesidad de reclamar una ciudadanía más activa y abarcativa, instituciones de representación colectiva y partidos políticos que logren sobrevivir a las elecciones de turno. Un Estado que genere mecanismos de participación ciudadana, acorde a las necesidades y cambios comunicacionales y culturales, y un poder político en mayor relación con las organizaciones sociales, catalizadoras de cambios y moderadoras de conflictos.

La tarea involucra no sólo a ciudadanos, intelectuales, académicos, investigadores sociales y gobierno de turno, sino también, y, forzosamente, a la oposición partidaria, porque hacerse cargo implica salir de la mera operación discursiva para pasar a la acción política.

No es la comunicación en sí misma la que está en crisis, sino la capacidad del régimen democrático para representar políticamente a los sectores excluidos.

* Maestranda en Ciencia Política y Sociología (Flacso).

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