Los problemas sufridos en torno del suministro de energía eléctrica alimentaron en las últimas semanas los debates sobre las responsabilidades de las empresas que brindan servicios públicos, el derecho de los consumidores y el compromiso del Estado en la materia. Poco se ha dicho, sin embargo, respecto de un aspecto ciudadano de la problemática y, muy particularmente, de la necesidad de la información como insumo imprescindible para que la ciudadanía pueda tener acceso no sólo a los reclamos en forma justa, pertinente y adecuada, sino participación en la previsión y en la eventual toma de decisiones que anticipen medidas y eviten situaciones como las que hasta ahora se siguen viviendo. Vale recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 42, establece expresamente que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz”.

¿Qué alcance tiene esta afirmación? A la luz de muchas de las reflexiones contemporáneas sobre derechos ciudadanos, puede afirmarse que el acceso a la información sobre el estado de los servicios públicos, pero también sobre los eventuales riesgos, proyectos en marcha, medidas en desarrollo, forma parte esencial del derecho a la comunicación comprendido como derecho humano fundamental. Porque saber qué sucede y por qué sucede a su alrededor es la forma de permitir la participación de las personas en la comunidad de inserción.

Saludablemente en nuestro país se ha introducido en los últimos años el debate y se dieron pasos sobre el sistema de medios, la propiedad de los mismos, la concentración e, incluso, el uso político e ideológico de los medios de comunicación. Pero la misma intensidad de los intercambios sobre este aspecto del derecho a la comunicación postergó o no permite ver otras cuestiones relacionadas y no menos importantes. Estar informado sobre los temas que atañen a la vida cotidiana de las personas constituye parte inalienable del derecho a la comunicación, porque está directamente vinculado con el control ciudadano de las acciones públicas, en particular de aquellas que tienen que ver con el Estado, las acciones de gobierno y la actuación de los privados en ámbitos públicos.

Visto desde otro lugar se puede afirmar que los ciudadanos y las ciudadanas tienen también una corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, por lo menos en sus aspectos de evaluación y control. ¿Cómo ejercer esta responsabilidad/derecho sin información suficiente y necesaria? Si se carece de información previa, que sea veraz, suficiente y adecuada, todo queda reducido a la protesta posterior, al justo reclamo que, aun siendo atendido, nunca logra resarcir el daño ocasionado. Pero además la falta de información coloca al ciudadano en la mera condición de “consumidor damnificado”, pero lo “libera” al mismo tiempo de cualquier nivel de corresponsabilidad ciudadana en temas y asuntos que son competencia pública que deben ser asumidos, en primera e irreemplazable instancia por el Estado, pero corresponsablemente también por los ciudadanos como copartícipes que son de la construcción de lo público. ¿Cómo hacer esto sin información?

El principio fundamental, amparado también por la Constitución, señala que la información es pública y lo excepcional es el secreto. Se equivocan quienes desde el Estado invierten la ecuación, manteniendo gran parte de la información bajo la condición de “reservada” o “privilegiada” con acceso para pocos. No debería ser así cuando se trata de asuntos que atañen al interés público, a los servicios públicos o financiados en parte por el Estado. También a las empresas que brindan servicios públicos se les debe exigir transparencia e información pública veraz para la evaluación y la toma de decisiones.

Todavía está pendiente en el país el establecimiento de mecanismos más eficaces, claros y transparentes de acceso a la información pública. Es un punto no ajeno a todo lo anterior.

Está claro también que en este tipo de situaciones se juegan cuestiones e intereses de orden político y económico. Pero, sin caer en ingenuidades, es necesario aspirar en forma permanente a optimizar la calidad de la democracia que tenemos y, en ese sentido, mejorar la calidad de la información que se brinda a la ciudadanía constituye un insumo fundamental.

La comunicación es un fenómeno complejo, no sólo limitado a los medios, que incluye también la información y el acceso a la misma para la toma de decisiones, relacionada con la vida cotidiana de las personas, inseparable del ejercicio democrático y ciudadano y de la mejora de la calidad de vida.