Desde Córdoba

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no sólo sentó bases más democráticas para reconfigurar el sistema mediático, sino que su debate público colocó los derechos a la comunicación y a la cultura en un lugar central en la agenda social y gubernamental. Esto amplió las oportunidades políticas para que se conformaran y fortalecieran organizaciones sociales de otros sectores de la comunicación (como los gráficos e Internet) y de la cultura (músicos, bailarines, productores culturales comunitarios). La inédita participación social y los altos niveles de incidencia que la Coalición por una Radiodifusión Democrática logró tener en las políticas de comunicación del país de los últimos cinco años constituyeron fuente de inspiración para nuevos colectivos, que impulsan cambios en las reglas de juego de otras áreas de la producción cultural.

En particular, la LSCA estableció cuotas de música nacional e independiente a ser programada por las radios y destinó un porcentaje de la recaudación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual al Instituto Nacional de Música. Esto fue un logro de la Federación Argentina de Músicos Independientes y la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, que se habían conformado en 2008 y que luego impulsaron la Ley de la Música, aprobada en 2013. Su proyecto había sido presentado en 2012 por el diputado del Frente para la Victoria Eric Calcagno.

En 2010 se reunió el Colectivo Pueblo Hace Cultura, y en 2012 promovió el proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Este proyecto, luego de perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente en 2013 por el diputado de Unidad Popular Claudio Lozano. Por su parte, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina se constituyó en 2012 y presentó el proyecto de Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet a través del diputado del Frente para la Victoria Jorge Rivas. En tanto, el pasado 29 de abril, el Movimiento por la Ley de Danza, que integra experiencias que se desarrollan desde 2008, volvió a presentar –después de que perdiera estado parlamentario– el proyecto de Ley de Danza, con el apoyo de diversos bloques.

Todas estas propuestas se basan en el paradigma de la comunicación y la cultura como derechos humanos, y como condición para la democracia y el desarrollo de los pueblos en el que se funda la LSCA, y se colocan en las antípodas del modelo mercantil de bienes y servicios culturales. Desde esta perspectiva se busca garantizar el acceso y la participación de actores que ocupan una posición marginal en la producción cultural: social-comunitarios, autogestivos, independientes, sin fines de lucro. Esta concepción implica también reivindicar el rol activo del Estado como garante de ese derecho para todos y todas y la consecuente necesidad de que fomente estas expresiones.

No obstante, lo novedoso no es sólo el fundamento de las propuestas, sino también sus procesos de construcción. Los debates y las definiciones de estos proyectos de ley se realizaron con amplia participación y movilización social en casi todo el país. Esto conllevó necesarios cambios de roles tanto en el Estado como en la sociedad civil y la puesta en juego de nuevos sentidos sobre lo estatal, lo público y lo común. Estas organizaciones sociales procuran pasar de la desconfianza al Estado y la resistencia a sus políticas, a la propuesta, la negociación y los intentos de incidencia. Por su parte, agentes estatales ensayan nuevos modos de relacionarse con estos colectivos sociales: de la estrategia de cooptación mediante el financiamiento y de imposición de decisiones a la consulta, la apertura y la cooperación. Estos avances, sin embargo, no están exentos de conflictos, rupturas y retrocesos.

* Licenciada en Psicología. Maestranda en Investigación e Intervención Psico-social de la UNC. Integrante de la Red de Productores Culturales de Sierras Chicas-Córdoba.

** Doctora en Ciencias Sociales. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Docente de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC e investigadora asistente del Conicet.