El Partido de los Trabajadores (PT) y organismos de derechos humanos respaldaron el acceso a los archivos de la dictadura (1964-1985) luego de que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, expresara su intención de impedir parcialmente su apertura. La mandataria impulsó primero la ley para abrir esos archivos, pero luego dio marcha atrás por las presiones de su aliado, el ex presidente José Sarney, que fue alto funcionario durante la dictadura.