Los porteños con perros harían bien en mirar el ejemplo de Agüimes, en la Gran Canaria, para respirar aliviados. En esa ciudad de 30.000 habitantes el Ayuntamiento contrató a dos detectives privados que filman y fotografían a los ciudadanos que no cumplen con su deber de recoger la caca que sus mascotas dejan en la calle. No es por afán estadístico: las multas que reciben los infractores van de los 30 a los 3000 euros.