Cuando la jueza Mariela Mota llegó a la sede de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, la esperaba un nutrido grupo de manifestantes, entre ellos el escritor Eduardo Galeano y el cantante Daniel Viglietti, con carteles que decían “Basta de impunidad” y “Justicia para los crímenes de lesa humanidad”. La Corte la había convocado para que jure el nuevo cargo en que fue designada para apartarla de las 50 causas en las que investigaba las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La Corte ordenó desalojar el recinto y, entre forcejeos y empujones de la policía, finalmente el acto se postergó. El canciller Luis Almagro se sumó a los críticos de la Corte: aseguró que “pierden las víctimas” y definió a Mota como “el miembro del Poder Judicial que mejor entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”.