En abril de 2013, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca escrachó a la vicepresidenta del gobierno español, en protesta por las políticas oficiales. Desde ese momento, los escraches contra dirigentes del derechista Partido Popular (PP) se multiplicaron y en España se abrió un debate en torno de la legalidad de esa modalidad de protesta, copiada de la Argentina. Ayer, la Justicia de ese país aseguró que este tipo de manifestaciones se entiende como una “expresión de participación democrática y pluralismo”.