Aproximadamente 25.000 personas están detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas (en este informe se utilizarán indistintamente los términos “personas institucionalizadas”, “internadas” o “detenidas”, ya que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, “por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona por su voluntad”). Más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1000 camas o más.

Este informe registra graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas y documenta, incluso, casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, que han sufrido actos de violencia física y sexual y que han sido sometidas a la privación sensorial mediante el aislamiento (restricción de estímulos de uno o más de los sentidos, que puede inducir daño psiquiátrico severo, y producir asimismo agitación profunda, ansiedad extrema, ataques de pánico, depresión, pensamientos desorganizados; el daño por aislamiento y privación sensorial puede resultar en una discapacidad psiquiátrica prolongada o permanente). El informe también detalla condiciones de vida peligrosas e insalubres. La vasta mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas debe sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin posibilidad de pensarse a futuro por fuera de la institución.

La institucionalización a gran escala y los abusos que la acompañan se deben, en gran medida, a décadas de una política que invierte en grandes instituciones que segregan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios adecuados de atención en salud mental y apoyo en las comunidades.

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El desarrollo de estrategias innovadoras de atención para la salud mental –tales como el subsidio económico para la vivienda, la rehabilitación psicosocial y el apoyo de los pares– ha probado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales puede vivir y prosperar en la comunidad. No obstante, en la Argentina estos servicios alternativos prácticamente no existen (aunque en este informe se presentan algunas excepciones, desarrolladas en las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires). Muchas de las personas con discapacidades mentales que carecen de recursos personales o de una familia que pueda financiar una atención privada no tienen otra opción que las instituciones asilares.

El alto grado de hospitalización a largo plazo en grandes instituciones consume los recursos públicos que, en su lugar, deberían ser usados para desarrollar servicios integrados a la comunidad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las tres instituciones psiquiátricas más grandes absorben el 80 por ciento del presupuesto de salud mental.

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Las autoridades admiten que entre el 60 y el 90 por ciento de las personas detenidas en las instituciones son “pacientes sociales”, personas que permanecen internadas como consecuencia de la falta de los servicios y el apoyo necesarios en la comunidad. Dada la ausencia de estos servicios, estas personas detenidas tienen poca o ninguna esperanza de retornar a sus comunidades. La gran cantidad de “pacientes sociales” hace más difícil que las personas que requieren servicios urgentes en salud mental reciban la atención que necesitan.

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Las leyes argentinas de internación involuntaria no cumplen con los estándares internacionales que protegen a las personas de la detención arbitraria. En la Argentina, las personas pueden ser encerradas de por vida sin recibir nunca una audiencia judicial. Las leyes nacionales no regulan el derecho a una revisión independiente o imparcial de la internación psiquiátrica. El Código Civil argentino está escrito en términos tan generales que permite la detención de cualquier persona que pueda llegar a “afectar la tranquilidad pública”. A los individuos internados en las instituciones psiquiátricas no se les garantiza el derecho de recibir asistencia jurídica o de presentar pruebas en su favor. Dada la ausencia de estas salvaguardas legales básicas, casi todas las personas que se encuentran en los asilos psiquiátricos argentinos están detenidas arbitrariamente.

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Las normas argentinas no garantizan de manera adecuada el derecho de las personas institucionalizadas a designar a un defensor para que las represente en procedimientos de internación involuntaria. Según el Código Civil argentino, el juez debe designar a un defensor especial cuya labor será, en la medida de lo posible, evitar la internación o, si ésta fuera necesaria, asegurar que no se prolongue más de lo imprescindible. Pero la ley no determina que el defensor especial necesariamente represente el interés del individuo, y tampoco garantiza el derecho del individuo a testificar o presentar pruebas en representación propia.

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La vasta mayoría de las personas institucionalizadas no recibe una rehabilitación adecuada. El principal problema es la generalizada inactividad, marcada por un importante número de personas que se encuentran acostadas sobre sus camas o en el piso, completamente inactivas. Funcionarios, trabajadores de la salud mental y personas internadas señalaron a los investigadores que los medicamentos psicofarmacológicos son usados, con frecuencia, para castigar o sedar a los internos, y no con propósitos terapéuticos. Es común que las instituciones estén sobrepobladas.

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La segregación a gran escala de la que son objeto las personas institucionalizadas en el sistema de salud mental argentino es injustificada, dada la riqueza de profesionales de salud mental capacitados de los que dispone el sistema y la existencia de programas alternativos centrados en la comunidad en varias regiones del país. Argentina es uno de los países con más psiquiatras y psicólogos per cápita del mundo. Amplios sectores de la población urbana argentina financian individualmente su psicoterapia durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, esta riqueza de recursos no se traduce en políticas generales conducentes. Las personas con discapacidades mentales que carecen de los fondos para pagar estos servicios se ven forzadas a recibir atención en un sistema público de salud mental que, frecuentemente, es inadecuado, las segrega de la sociedad y viola sus derechos humanos fundamentales.

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En general, la formación en salud mental en la Argentina enfatiza el psicoanálisis como enfoque privilegiado. Como modalidad de tratamiento éste se orienta hacia la terapia individual más que a la rehabilitación psicosocial, componente esencial que las personas dadas de alta de las instituciones psiquiátricas requieren. Hay profesionales entrenados en psicoanálisis que plantean dificultades para trabajar en grupos interdisciplinarios; atienden a las personas de manera individual, no se capacitan para trabajar con grupos y se resisten a trabajar en las áreas de promoción y prevención. Los investigadores constataron que en las universidades argentinas no se capacita, en general, en tratamientos de salud mental interdisciplinarios. Por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la UBA existen materias sobre salud pública, salud mental, prevención y epidemiología de muy buen nivel. Por lo demás, el psicoanálisis no debería ser entendido como incompatible con una mirada psicosocial, tal como procura demostrarlo, con su trabajo, el Equipo de Salud Mental del CELS.

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La ausencia de programas de capacitación del personal y de concientización ciudadana respecto de la estigmatización y violación de los derechos de las personas con discapacidades mentales fue mencionada por diferentes actores del campo de la salud como un obstáculo para la reforma del sistema de salud mental.

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La existencia de servicios adecuados en la comunidad permitiría que los individuos con las primeras manifestaciones de una enfermedad mental reciban una atención apropiada antes de que su salud se deteriore, y permitiría que aquellos que han estado institucionalizados por varios años se reintegren a la comunidad.

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La falta de servicios de salud mental comunitarios impacta también en los individuos con discapacidades intelectuales. En general ni las personas institucionalizadas ni las personas con discapacidades intelectuales que residen en la comunidad reciben la atención necesaria que las ayudaría a manejarse con independencia en la comunidad. Los miembros de la organización no gubernamental Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) informaron que, a pesar de que el derecho a la salud está reconocido en la Argentina, no está garantizado para las personas con discapacidades intelectuales. No hay programas de intervención temprana en los hospitales públicos y los niños con discapacidades intelectuales no reciben terapia adecuada a una edad temprana. En general, los profesionales no son entrenados para diagnosticar las discapacidades intelectuales y las universidades, en su mayoría, no tienen un cuerpo docente especializado en el trato de los niños con discapacidades intelectuales. La carencia de programas de intervención temprana y de otros tipos de apoyo especializado en la comunidad disminuye radicalmente las posibilidades de que los niños con discapacidades intelectuales se vuelvan miembros activos de la sociedad.

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A pesar del tamaño y la complejidad de los problemas y desafíos detallados en este informe, la Argentina es un país en el que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo una reforma de los servicios de salud mental que sea respetuosa de los derechos humanos. La base altamente capacitada de profesionales de la salud mental dedicados a la atención individual es un recurso inestimable, el cual, reorientado, podría participar en la provisión de servicios ubicados en la comunidad.

La Argentina tiene también una gama de funcionarios, profesionales, técnicos, académicos especializados y organizaciones de derechos humanos interesados en lograr una reforma de salud mental sostenida e integral. Algunas de las experiencias de reforma en los servicios de salud mental más reconocidas del continente han sido implementadas en las provincias de Río Negro y San Luis.

Existe también un inmenso potencial de apoyo entre las familias de las personas con discapacidades mentales, así como entre los usuarios y ex pacientes de los servicios de salud mental. Las familias suelen ser el principal sostén de la mayoría de las personas con discapacidades mentales; sin embargo, al no contar con el respaldo del Estado, muchas de estas familias terminan empobrecidas y marginadas socialmente. Asimismo, los investigadores se reunieron con algunos de los grupos de usuarios o ex usuarios comprometidos y activos, tales como el Frente Artistas del Borda, Radio la Colifata y Pan del Borda. Estos grupos ofrecen una voz legítima que pide el cambio de los servicios de salud mental. Con una pequeña inversión, los grupos de familiares y usuarios o ex pacientes pueden ser un recurso inmenso que permitiría desarrollar iniciativas de apoyo y defensa de los derechos de las personas con discapacidades mentales en la comunidad.

* Fragmentos del libro Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (ed. Siglo XXI), informe de la investigación efectuada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mental Disability Rights International (MDRI), sobre derechos humanos y salud mental en la Argentina. Página/12 anticipó sus principales conclusiones el 25 de septiembre de 2007.