El pasado 7 de abril murió calcinado Franklin Guarachi Tola, en el Hospital José T. Borda, tras prenderse fuego un colchón en el pabellón donde se encontraba. Ni siquiera su trágica muerte, bastante desapercibida en los medios de comunicación, alcanzó para sacarlo del anonimato. Esa muerte fue la manifestación, en términos de tragedia individual, de un drama colectivo que viven a diario varios miles de personas depositadas en manicomios en la Argentina.

La discusión acerca de si era ese u otro el pabellón que le correspondía a su diagnóstico (supuestamente “retraso mental con drogodependencia”), según dicen cerrado por disposición de la gestión PRO, elude el debate central acerca de un modelo de atención basado en el encierro y en la exclusión social, verdadera forma de castigo con disfraz sanitario.

Tampoco podemos quedarnos en este caso sólo en la discusión acerca de las inversiones que no hace Macri en el sistema de salud público y que ya todos conocemos. Sin duda, las enormes deficiencias y el estado “calamitoso” del hospital denunciado por legisladores de la Ciudad son factores que contribuyen a aumentar los riesgos y a empeorar las condiciones de vida de las personas internadas. Pero ni el más moderno de los manicomios deja de ser un manicomio, cuya esencia es encerrar y vigilar el comportamiento de personas que son consideradas peligrosas, sin serlo, sólo por puro prejuicio. Hay que invertir, sí, pero en otro sistema totalmente distinto.

Quinientos años han transcurrido para que la muerte en la hoguera de las enfermas mentales, consideradas brujas, retornara bajo formas casi idénticas, bien entrado ya el siglo XXI. Y es que, en el fondo, nada ha cambiado.

El avance de las terapias y de la psicofarmacología tornan hoy inadmisible un abordaje de las enfermedades mentales o las adicciones bajo el andamiaje controlador del sistema judicial y del encierro institucional. Ese es el fondo del asunto.

El cumplimiento de la flamante Ley Nacional de Salud Mental 26.657 impone planificar una inversión económica, pero no para mejorar los manicomios, sino para sustituirlos. En su lugar hay que crear servicios de atención en hospitales generales, centros de día, cooperativas de trabajo, casas de convivencia. En fin, distintos dispositivos de inclusión.

Y no es que no vaya a haber riesgos o accidentes en un sistema de salud mental de carácter inclusivo. En todo caso, esos accidentes serán episodios trágicos, pero puntuales. No un drama permanente y constante que consiste en no-ser-nadie, en estar muerto de antemano por quedar excluido de la vida comunitaria.

* Ex diputado nacional, autor del proyecto de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657; asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.