El artículo “Violencias del manicomio” (en Página/12, el jueves pasado) pretende una denuncia sobre la tarea de profesionales y trabajadores de la salud mental, presentada como la causa de los mayores males de los pacientes internados en hospitales neuropsiquiátricos. Mientras el autor denuncia que los profesionales no se movilizan por la transformación de las condiciones institucionales –una falsedad frente a la infinidad de movilizaciones en defensa de la salud pública, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años–, omite las verdaderas condiciones materiales de existencia de un trabajador y profesional hospitalario, junto con las del paciente: derrumbe edilicio, precarización, flexibilización, tercerización de servicios, escasez de nombramientos de personal técnico y profesional, bajos salarios, proliferación de profesionales ad honorem (sobre los cuales se sostienen muchas áreas de atención, especialmente en concurrentes y voluntariado).

Según ese artículo, quienes cotidianamente desarrollamos nuestra práctica clínica en hospitales monovalentes de Salud Mental (como en mi caso en el Borda) estaríamos a un paso de convertirnos en lo que alguna vez Heidegger planteó en relación al trabajador del conocimiento: no una simple “correa de transmisión” en un engranaje técnico, sino directamente un “experto” (en este caso en la tarea macabra de “objetivar” los cuerpos de los pacientes).

Ignorar las condiciones históricas y materiales en que se de-senvuelve una práctica para reducirla al problema de “los discursos hegemónicos” no solamente puede retrotraernos casi 200 años, a los albores del idealismo hegeliano, sino que termina por ser funcional a las conceptualizaciones más reaccionarias: “los empleados públicos y docentes son privilegiados”, “los piqueteros son vagos” o para el caso, “los profesionales de la salud mental objetivizan a los pacientes”. Cualquier profesional de la salud mental en un hospital público (particularmente en los neuropsiquiátricos) puede dar cuenta de la polifuncionalidad –pilar de la flexibilización laboral de los noventa– de sus tareas: su original e ingenua aspiración deseante del “hacer” clínica en el hospital muchas veces termina atravesado por el problema del “ser” (un poco asistente social, un poco acompañante terapéutico, un poco enfermero). Además de los pacientes, son los profesionales y trabajadores quienes terminan “objetivados”, no por un “discurso” sino por un régimen social y sus consecuencias.

Riquísimas experiencias han surgido en el interior de los muros: el Frente de Artistas del Borda y Radio La Colifata (lamentablemente en una seria situación de peligro de cierre por estos días), más la labor de muchísimos profesionales del Borda (y el Moyano y el Tobar), que han contribuido a que tantísimos pacientes no queden aprisionados en los mismos muros manicomiales que contradictoriamente dieron nacimiento a esos espacios.

El artículo concluye con una reflexión taxativa: “... Así que no se discute: el manicomio se tiene que cerrar: nada de andar preguntando bajo qué condiciones. ¿Qué puede ser peor para un ser humano que su vida en un manicomio?”. Todo indica que el autor nunca atravesó la experiencia clínica e institucional de toparse con el espanto que paradójicamente nos muestran los propios pacientes (particularmente los más institucionalizados o cronificados) a la hora de avizorarse un alta o una externación: la “puerta giratoria” es una marca registrada en la mayoría de los pacientes con más de cinco años de internación.

¿Qué puede ser peor que la vida en un “manicomio”? Muchas cosas: la situación de calle, que termina siendo el destino indefectible frente a la ausencia de políticas de reinserción social o laboral por parte del Estado. La reinternación en clínicas privadas (conveniadas a través de suculentos negociados por parte del Estado), muchísimas de ellas más manicomiales que el mismísimo Hospital Borda. O inclusive la “vedette” de temporada para muchos profesionales que demonizan a los hospitales monovalentes (y como queda en evidencia, a sus trabajadores y profesionales): redes, asociaciones civiles, ONG y comunidades terapéuticas, ofertadas como “dispositivos alternativos”, subsidiadas y tercerizadas por el Estado nacional, las autoridades provinciales y municipales.

Cabría preguntarse justamente dónde están, cuáles son y de quién son los tan mentados dispositivos: hospitales de día y noche, talleres protegidos, residencias, casas de medio camino... En fin, dispositivos fundamentales para la recuperación del estatuto de sujeto de miles de pacientes pero que permanecen bajo la égida del sector privado o del llamado “tercer(izado) sector”, por fuera del ámbito público. Hoy el negociado de la salud no pasa solamente por la facturación de los pulpos farmacéuticos sino, además, por la distribución de subsidios estatales al “tercer(izado) sector”.

Quien ya parece haber tomado nota de la “solución final” es el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Página/12, en su edición del martes 24 de enero pasado (“Una licitación contra la ley”), fue de los primeros en denunciar las próximas medidas del Gobierno de la Ciudad para relocalizar a centenares de pacientes psiquiátricos (particularmente de los hospitales Borda y Moyano) en distintos servicios privados de larga duración, a través de la Resolución Nº 52 del Ministerio de Salud porteño. La liviana premisa, casi a manera de tesis, de que “el manicomio se tiene que cerrar... nada de andar preguntando bajo qué condiciones” puede llevarse de maravillas con las medidas “desinstitucionalizadoras” enmarcadas en esa resolución. La Trieste de Franco Basaglia (fundador de la desmanicomialización, en esa ciudad italiana) en las décadas de 1960 y 1970 dista mucho de ser la Buenos Aires de Macri.

* Psicólogo en el Hospital Borda. Psicoanalista. Integrante de Asociación Psicólogos en Lucha (APEL). El texto fue editado por razones de espacio.