Por Analía Cacciari *

La Ley del Menor de la Provincia de Buenos Aires (sancionada de acuerdo con el espíritu de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que ubica al niño y al adolescente como sujetos de pleno derecho) no se aplica en la medida en que los jueces interponen un recurso que frena su promulgación y puesta en práctica, dejando regida a la provincia por la Ley de Patronato de la dictadura. En ésta el niño y el joven hasta su mayoría de edad son considerados objetos de la ley. Esto implica que los jueces asumen el ejercicio de la patria potestad en aquellos casos en los que los padres pierden este derecho. La nueva ley, en consonancia con la Convención, da al niño y al joven un status diferente al considerarlos sujetos de pleno derecho, ocupándose de establecerlos y promover acciones que los garanticen.
Mientras la nueva ley se encuentra en estado de indefinición, los niños y adolescentes quedan a merced de una legislación pretérita e ineficaz y en manos de un Estado empobrecido que tampoco puede ejercer sus funciones pero que, paradójicamente, no quiere ceder el control sobre la infancia y la adolescencia.
Por otra parte, se desestima el rol de la familia, los vecinos, la comunidad, es decir, las redes locales que, a pesar de encontrarse en cierto estado de precariedad, siguen funcionando mejor que la institucionalización de los menores en sitios no preparados para resolver sus problemáticas, que se operan como lugares de depósito, segregación y control donde se ejerce el uso y el abuso del poder por parte de los adultos a cargo. Mientras que entre los discursos y papeles que circulan (o se estancan) y las prácticas a las que ellos se refieren se abre un abismo, nuestros niños y jóvenes sufren en el medio de una batalla que, en lugar de tenerlos como protagonistas, tal como se pregona, los deja caer arrojados como resto. Resto del Estado, resto del Poder Judicial, resto de las instituciones que deberían encargarse de ellos.
El relato de una experiencia puede servirnos para ilustrar, mostrar y denunciar las dificultades cotidianas que surgen en el trabajo con menores.
A un servicio de psiquiatría de adultos de un hospital de la provincia de Buenos Aires llega el pedido de un psicodiagnóstico para un niño de 10 años. Lo recibe una psicóloga del plantel profesional que se ocupa de consultas infantiles. Le pasa “el caso” a una residente de psicología que, por haber hecho ya una rotación por un servicio de salud mental infantojuvenil, debe aceptar el “caso”, porque así está estipulado en la organización institucional. Se suceden varias entrevistas con el “paciente”, intentos de despliegue discursivo, lúdico, baterías de tests sugerida por la primera psicóloga y continuidad del caos. Demasiados hechos, poco pensamiento.
Algunos fragmentos de la historia del niño: José, que parece tener 10 años, aterriza en esa ciudad porque, luego de vivir (no se sabe dónde) con su mamá, un padrastro y algunos hermanos biológicos, fue llevado ante el juez de menores (de algún partido de la provincia de Buenos Aires, que no se sabe cuál es) por su madre, a sugerencia del padrastro, por reiteradas fugas de su hogar, en el cual, parece ser, era permanentemente golpeado. Se lo trasladó a un “hogar” ubicado en la misma ciudad en la que se encuentra el hospital, bastante alejada del juzgado. Entretanto hubo un episodio oscuro, contado por el niño: un hombre se lo llevó al campo y le cortó el rostro con un cuchillo; lo encontró una mujer que lo llevó a otro hospital. Allí el médico le indicó un electroencefalograma y un psicodiagnóstico y lo medicó con 20 gotas de Haloperidol (medicamento utilizado, por ejemplo, en casos de psicosis alucinatorias). No sabemos, a esta altura de los acontecimientos, si esto sucedió antes o después de la internación de José en el “hogar”. Desde que ingresó al hogar fue incorporado en una escuela, en segundo grado; al poco tiempo es expulsado por romper un vidrio y derivado a una escuela de educación especial domiciliaria. Según sus primeras maestras, parece ser un niño que no estuvo previamente escolarizado. Tiene dificultades con la materia “lengua”; en matemática, en cambio, es muy bueno. El no sabe cuántos años tiene, ni dónde vive su familia. Sólo dice que extraña a su madre, que los más grandes le pegan, que él quiere irse, volver con su familia. No le gustan las situaciones en las que es manipulado, humillado, maltratado. Estado constante en su vida, que se inicia en su familia y vuelve a reiterarse cada vez que alguien parece ocuparse de él.
Todos los movimientos que realizan las distintas instituciones por las que el niño pasa sólo parecen agregar una cuota de caos; todos parecen desconocer que un niño, a los 10 años –si fuera el caso, pues no tiene documentos– posee una historia, lo antecede una genealogía de la cual es producto y en la que debería encontrarse. Encontrarle un posible lugar en el mundo requeriría hacer el trabajo de reconstrucción de esa historia, para estar en condiciones de decidir si seguir adelante o volver atrás y dar cabida a los reclamos del pequeño, ya que, si hay algo que él conoce y por lo que reclama a viva voz, es por su madre y su familia.
José es objeto del discurso jurídico, objeto del discurso médico, del discurso pedagógico, del discurso psicológico, pero no hay indicios en este recorrido de que algo se instituya con relación a él en tanto sujeto, menos aun de pleno derecho. Su historia es tan sólo una entre los miles de niños que no tienen lugar en el mundo, y todas aquellas instituciones que se encargan de su cuidado, salud, educación, los convierten en objetos, expuesto a la deriva de un aparataje que, en esta enloquecida carrera de acciones, niega, paso a paso, una lógica de pensamiento –y acto– que estuviera en consonancia con los tan mentados “derechos del niño”.

* Psicoanalista. Docente en la Facultad Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Texto extractado del artículo “Los derechos del niño y el maltrato institucional”, que será publicado en el Nº 23 de la revista Psicoanálisis y el Hospital, de próxima aparición.