Las condiciones de vida en las unidades psiquiátricas penales del Borda y del Moyano no tendrían nada que envidiarles a las de un centro clandestino de detención. Tal vez la única diferencia es que tienen un nombre registrado en algún lugar de alguna oficina del Estado, un lugar que no suele interesarle a casi nadie. Fernando Ulloa (La novela clínica psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós, 1999) plantea que el paradigma de lo que él denomina “encerrona trágica” es la mesa de torturas. En la tortura se organiza hasta el extremo salvaje una situación de dos lugares sin tercero de apelación. Por un lado, la fortificación del represor; por el otro, el debilitamiento del reprimido. Pero no es necesario llegar hasta ese límite, ya que con harta frecuencia la organización político-administrativa perfecciona los dos lugares de marginadores y marginados, con el consiguiente cortejo de encerronas. Debe entenderse por encerrona trágica toda situación donde alguien, para vivir, trabajar, recuperar la salud, incluso pretender tener una muerte asistida, depende de alguien que lo maltrata o destrata, sin tomar en cuenta su situación de invalidez. No existe tercero de apelación entre encarcelado y carcelero, el carcelero dispone de la vida del encarcelado y nadie reclamará si éste muere. Tal vez sí, su familia, pero difícilmente ésta sea escuchada por el resto de la sociedad y las instituciones que la conforman. Aquí no puede soslayarse la manifiesta responsabilidad de las instituciones que por acción u omisión favorecen situaciones denigrantes.
Giorgio Agamben (Lo que queda de Auschwitz, Madrid, Pretextos, 1999) señala que se puede sobrevivir sin humanidad, nuda vida que ofrece únicamente el camino de la supervivencia a cualquier costo subjetivo, lejos de la condición de sujeto y de la posibilidad de atravesar procesos de subjetivación que permitan pensar en prácticas de reinserción social. Nos encontramos en este caso con la nuda vida de los internos, expuestos quizá para el resto de sus días a prácticas “terapéuticas” y de encierro que por considerarlos no-sujetos no les ofrecerán otro camino que la supervivencia o la muerte.
Es imprescindible que las autoridades gubernamentales y la sociedad en su conjunto presten oídos a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se producen en las unidades psiquiátricas penales, donde se requiere de urgentes medidas para modificar una situación que no puede continuar por más tiempo. Pretendemos contribuir a generar un diálogo que plantee las condiciones necesarias para la construcción e instrumentación de políticas públicas y prácticas respetuosas de los derechos de las personas detenidas en las unidades psiquiátricas penales, que les proporcionen condiciones para su bienestar físico y mental, y conduzcan a alentar su desinstitucionalización, su rehabilitación y su reinserción social.