Pedro Fraile es un académico catalán que se ha dedicado a la relación entre territorio y sensación de inseguridad. Doctorado en Sociología por la Universidad de Lérida, durante los últimos años ha sido el coordinador de un grupo de investigación sobre “morfología, paisaje, delito y percepción de inseguridad” contratado por el Estado español para diseñar mapas de conflictividad urbana en ciudades medianas como la propia Lérida. Invitado por el posgrado en Seguridad de la Universidad de Lanús, estuvo en Buenos Aires para dar cátedra sobre la manera en que han cartografiado la violencia urbana en su país: “Es el propio territorio el que va a marcar la relación que se dará entre los traficantes, los vecinos y la policía”, dice, crítico de las soluciones panópticas en las que la inversión para producir seguridades es la cámara filmadora. “Han creído que pueden acabar con el conflicto poniendo cámaras por todas partes. Eso es demencial. Consiguen un efecto perverso”, cree.

–¿Con qué concepción de territorio trabaja usted?

–El territorio es una acotación en el espacio en la cual se anulan las relaciones de poder que de alguna manera al mismo tiempo lo configuran. En las ciudades intermedias que estudiamos desde la Universidad de Lérida lo vemos marcado por la lucha entre grupos que distribuyen droga, la usurpación de la policía y la relación con los vecinos.

–¿Qué tipo de ciudades son las que abordan?

–Son ciudades de menos de doscientos mil habitantes, que en Europa son muy importantes en la red urbana. Allí se concentra capital y movimiento económico y, al mismo tiempo, suelen alojar a un número importante de migrantes. Los territorios de ilegalidad se localizan de una forma muy concreta en el casco antiguo, algo que ocurre en muchísimas otras ciudades españolas. Está hecho polvo: se concentra allí la prostitución, los negocios ilegales y la droga. La propia presión policial está marcando el territorio que se va a ocupar. Y es el propio territorio el que va a marcar la relación que se dará entre los traficantes, los vecinos y la policía.

–¿Cómo se establecen las fronteras en estos territorios?

–Según el lugar en el que te ubiques, se establecen fronteras muy distintas. Los traficantes tienen fronteras muy claras. Tras las disputas por el poder, se acaban definiendo de manera muy precisa. Se producen roces durante un tiempo y luego se establecen con mucha fuerza. Lo cierto es que lo hacen mediante la violencia, una violencia bastante extrema pero que no llega a los niveles que se pueden ver en el DF mexicano, por ejemplo, o lo último que se ve en Buenos Aires entre traficantes peruanos, como me cuentan.

–¿Cómo se marcan esas fronteras en la práctica?

–Esa frontera a veces se hace visible por una calavera pintada en una pared. Por ejemplo, eso significa que a partir del lugar señalado los migrantes de Surinam no pasan porque ya es territorio gitano. Y se acabó. Son fronteras móviles: dependen de la correlación de fuerzas hacia uno u otro lado.

–Dice que éstas son siempre claras, pero no así otras. ¿Cuáles?

–Hay fronteras muy borrosas que tienen que ver con los poderes formales. Las asociaciones de vecinos, por ejemplo, son entidades creadas durante el franquismo; en esa época eran el único organismo de lucha que tenían los vecinos. Cuando llega la democracia tienen reconocimiento legal, reciben cierto dinero y ponen sus sedes. Es el lugar al que recurre todo vecino que tenga un problema y quiera plantear un cambio; desde una guardería o las dos plazas del barrio están ocupadas por un grupo de migrantes o de vendedores. Creíamos al comienzo que así como había fronteras claras entre grupos ilegales las habría entre estas asociaciones de vecinos. Pero resultó un problema que no fuera así. Se han politizado enormemente y eso hace que no existan límites claros en cuanto a su lugar de influencia o de responsabilidad.

–¿Por qué?

–Parecen tener conciencia clara de lo que consideran su territorio a la hora de hacer inversiones desde el Estado en infraestructura, pero el tema es más escabroso cuando se trata de ver qué se hace con una casa ocupada sistemáticamente por un colectivo marroquí. No lo quieren en el barrio, pero lo cierto es que ellos no necesariamente están delinquiendo. Desde cualquier identidad política no se quieren enfrentar al colectivo, entonces la actitud es “este problema no es nuestro, sino del de al lado”.

–¿Qué origen le ve usted a lo que denominan la sensación de inseguridad?

–La sensación de inseguridad estaba muy vinculada a hechos territoriales. Creíamos que la propia conformación del territorio tiene mucho que ver con la sensación de inseguridad. El ejemplo: centro histórico muy degradado, la prostitución asentada, los negocios ilegales. Entonces se piensa en un sitio público, una plaza. Tiran abajo dos casas para hacerla, pero se pasan tres años sin hacer nada. El migrante que llega a la ciudad de Lérida ya sabe que se encuentra libre ese espacio y en ese espacio se juntan 50 migrantes a dormir todas las noches. Es además el lugar donde más se vende heroína en la ciudad. Lo que inicialmente era una idea aceptable, logra un efecto perverso.

–Pero migración no puede relacionarse directamente con tráfico.

–No, pero la escena del dormitorio de migrantes es inquietante para los vecinos. Lo que se sabe al cabo de un tiempo es que cualquiera de estas personas recién llegadas desesperadas es carne de cañón para los que se aprovechan de su situación para reclutarlos como vendedores de drogas. La oferta es: si vendes mi sustancia, pasado mañana tendrás otra vida, pagarás tu renta, te ubicarás, harás parte de la red. Los narcos tienen así al camello puesto a disposición.

–La ciudad está llena de flujos. ¿Cómo juegan en la construcción de territorios de ilegalidad?

–Por las calles muy estrechas no pasa ni un coche de un niño, porque los mismos ocupantes ponen carros de un lado y otro. Eso genera un tráfico lentificado.

–¿Esto viene de la cárcel?

–Son estrategias territoriales de contrapoder. La gestión del orden público comienza en París hacia el siglo XVIII, cuando se les da nombre a las calles. Sistemáticamente, alguien por las noches quitaba los carteles. Fue tal la estrategia para evitar nombrar los lugares que al final fueron ubicados en lugares altos, inaccesibles y sobre las vigas con pernos que impedían sacarlos. Si quieres crear mecanismos para ordenar el territorio, las organizaciones irán desmontando ese mecanismo. Evadir el control y la vigilancia depende de la geografía urbana.

–Usted comenzó investigando la espacialidad en las cárceles. ¿Qué parte de esa experiencia le sirve hoy para mapear el delito en una ciudad?

–Hice una tesis doctoral sobre cárceles. Me interesaba por la cuestión espacial: la arquitectura penitenciaria, la relación de la cárcel con la ciudad, cómo se han construido los mapas espaciales y sus criterios. Lo que se desprendió de esto es la hipótesis de que la ciudad no es más que el reflejo de las lógicas de sus espacios cerrados, el reflejo de un panóptico menor que comienza a ser más real a medida que lo permite la tecnología. Cámaras de video-vigilancia, satélites. En Barcelona es demencial: han creído que pueden acabar con el conflicto poniendo cámaras por todas partes.

–Algo parecido ocurrió en Medellín, donde se intentó controlar la violencia televisándola a una gran central manejada por la policía.

–Lo que lograron fue hacer crecer la sensación de inseguridad. En la calle Escudelliers, por ejemplo, cerca de las Ramblas, se da mucho el asalto con motos. Eso, al ser tan estrecha la vía, implicaba una corrida, gente tirándose a los bares para salir del camino de la moto, señoras mayores quebradas. Las calles adyacentes eran tranquilas. Ahora, con cámaras, Escudelliers sigue siendo percibida como una calle peligrosa y alrededor se creó una nebulosa. El problema simplemente se trasladó un poco más allá. La vida es lucha por el control del espacio. Si puedo moverme y el otro no, voy a ganar.