El proyecto para sancionar un ley de ética pública en la ciudad de Buenos Aires fue bien recibido por el macrismo. Tal actitud no tendría nada de particular si no fuera porque la propuesta de dos legisladores kirchneristas porteños apunta a reglamentar la participación en cargos públicos de personas vinculadas con empresas contratistas del Estado, situación que presenta una buena parte del gabinete macrista. Ayer el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que está “de acuerdo con el concepto” del proyecto, pero aclaró que “no hay absolutamente ninguna incompatibilidad” en los casos de Néstor Grindetti, ministro de Hacienda, y Pablo Clousellas, secretario de Legal y Técnica.

Rodríguez Larreta tiene razón: con la legislación vigente no hay incompatibilidades para los ministros que participaron o intervienen en compañías privadas. Por eso, los diputados Gabriela Cerruti y Pablo Failde, del Frente para la Victoria, presentaron un proyecto de ley de “Promoción de la transparencia en el ejercicio de la función pública”, que establece “prohibiciones e incompatibilidades” para funcionarios públicos: no pueden ser ministros los gerentes de empresas contratistas y los que hayan ocupado cargos jerárquicos en esas compañías y sean ministros “deben abstenerse de tomar decisiones que involucren a esas empresas, por el lapso de tres años”.

“Estamos de acuerdo con el concepto, no sobre los detalles de la ley, que no lo leí todavía”, dijo Rodríguez Larreta. No obstante, el jefe de Gabinete aseguró que “no hay absolutamente ninguna incompatibilidad” en los casos del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clousellas, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, los tres casos mencionados por la diputada Cerruti. Grindetti fue director de Iecsa, una constructora que fue de los Macri y es socia del grupo que construye el aliviador del arroyo Maldonado, y Clousellas ocupó cargos directivos en la misma empresa.

Aún sin ley de ética pública, en enero renunció a su cargo de asesor de Macri el empresario Nicolás Caputo, dueño de una constructora que tiene varios contratos con el gobierno porteño, después de que Página/12 hiciera pública esa situación.