Fue otro 20 de diciembre con tragedia. Aquella noche de 1993, 17 jóvenes –una de ellas embarazada– murieron y otros 24 resultaron heridos en el incendio de la discoteca Kheyvis en Olivos. Finalmente ayer, la Sala I de la Cámara Penal de San Isidro condenó a cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer el comercio a Osvaldo de Jesús, uno de los dueños, y a tres años de cárcel en suspenso a la inspectora municipal Ofelia Molina. En tanto, dictó una pena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la arquitecta Sandra Ponce de León, que remodeló el local. Esta resolución revoca la del juez de transición Eduardo Lavenia, que en mayo de 2000 había absuelto “libremente y sin costas” a los tres acusados.
Raúl Buganem, padre de una de las víctimas, se mostró “relativamente satisfecho” con el fallo, al señalar que “por lo menos se hizo un poquito de justicia y alguien se animó a condenar”. Sin embargo, el abogado de otras familias salió a cuestionarlo: “No estoy nada satisfecho con el fallo, porque las condenas son muy bajas para tamaño delito y tamaño resultado del delito”, consideró Carlos Piñero.
Sobre todo, se mostró indignado por la pena impuesta a la arquitecta Sandra Ponce de León “que construyó esta máquina de la muerte, sin salidas de emergencia, con ventanas que no se podían correr, puertas que se abrían para adentro y techo de madera”. La profesional fue inhabilitada en forma permanente para ocupar cargos públicos, cuando “en realidad debería haberlo sido para ejercer su profesión”. Ponce de León era en ese momento funcionaria del municipio de Vicente López y por ello fue condenada por “negociaciones incompatibles con la función pública”, dejando de lado las acusaciones de homicidio y lesiones culposas.
El caso Kheyvis tiene un intrincado camino judicial a cuestas. Por un lado, la causa que lleva la jueza de Menores María Piva de Argüelles, en la que se intenta determinar quiénes fueron los autores materiales del hecho. Sólo un chico, Nicolás Zunino, estuvo detenido durante 45 días hace varios años y quedó en libertad por falta de pruebas en su contra. Lo habían señalado como uno de los que habría iniciado el fuego en el sector de los reservados. Por otra parte, hay una segunda causa contra diez inspectores municipales sospechados de irregularidades en el trámite de habilitación de la discoteca, que espera su resolución a raíz del pedido de un fiscal en la Suprema Corte bonaerense. Además, hay más de 40 demandas civiles por cerca de 50 millones de pesos contra la Municipalidad de Vicente López, las compañías de seguros y los dueños del boliche.
El fallo de ayer dio vuelta atrás la absolución de los tres acusados planteada por el juez Eduardo Lavenia en mayo de 2000. En agosto de ese año, tanto la fiscalía de San Isidro como los querellantes apelaron la sentencia del magistrado. “Me pareció sumamente indignante que anduvieran sueltos”, recordó Piñero. Ahora, los camaristas de la Sala I consideraron que De Jesús y la inspectora Molina habían incurrido, además de otros cargos, en el delito de homicidio y lesiones culposas. A Ponce de León, en cambio, no le correspondió una pena por estas categorías, sino sólo por haber “hecho planos dentro de la Municipalidad para clientes de afuera, que luego hacía firmar por otro arquitecto”, según explicó el abogado.
Pero nada de esto es suficiente para Héctor Tablada. Su hijo Fernando tenía 19 años cuando fue a bailar con sus ex compañeros del colegio La Salle de Florida aquella noche fatal. “No sé si se puede hacer justicia tanto tiempo después y por más que hayan dictado este fallo nada me devuelve a mi hijo”, dijo Tablada a Página/12. Y añadió que “esto va a seguir para arriba, no creo que sea la última instancia porque seguramente van a apelar”. Su otro hijo, que ahora tiene 25 años, también estaba invitado a la fiesta de egresados pero se salvó. A la mañana siguiente, se enteró de que su hermano había muerto en medio del fuego. “Fernando había ido allí porque tenía amigos y porque el destino marcó que tenía que estar ese día en ese lugar”, señaló.
Tablada aseguró que “lo que más nos interesa es que haya una pena social y que esta gente tenga un rechazo por parte de la comunidad”. Según contó, De Jesús trabaja como disc jockey en el local bailable Xai Xai, aunque hay fuertes versiones de que sería uno de los dueños. Al no figurar legalmente como propietario, no estaría violando la inhabilitación que dispuso la justicia.
La noche de ese 20 de diciembre, en la discoteca –ubicada en plena Avenida del Libertador– había más de 600 personas que participaban de los festejos del quinto año del La Salle. De acuerdo con varios testimonios, algunos jóvenes habrían rociado con licor uno de los sillones. Así se inició el fuego. De ahí en más, quince minutos fueron suficientes para que 17 chicos encontraran la muerte.

Informe: Romina Ruffato.