Más allá de los reclamos del jefe de la Federal, Roberto Giacomino, los edictos policiales deberían quedar sepultados en la memoria uniformada tras la polvareda que levantó el pedido: el propio ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, rechazó la vuelta al pasado. “La policía debe adecuarse a las leyes”, sostuvo Alvarez. “La gente tiene desconfianza a la policía”, agregó el subsecretario de Seguridad, Carlos Vilas. En el gobierno porteño, la titular del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, María Elena Naddeo, consideró a los edictos como “una aberración jurídica, un retroceso a los años negros de la historia argentina”. “La Federal quiere volver a los edictos porque por décadas fueron su herramienta favorita para su caja chica”, denunció María del Carmen Verdú, de la Correpi. “¿A quién le preocupa hoy si alguien hace ruido o pinta las paredes, como sancionan los antiguos edictos?”, se preguntó el legislador porteño Roque Bellomo (FG).
En su segundo día de vida, el reclamo de Giacomino recibió golpes de todos los costados. Empezando por su superior, Juan José Alvarez. “La policía tiene que adecuarse a la normativa legal que sancionan los legisladores de la Ciudad (de Buenos Aires) y no la policía”, sostuvo el ministro, aunque suavizó el reclamo de Giacomino. “Todos tienen derecho a opinar”, consideró cuando le preguntaron por la duración de Giacomino en el sillón de los federales.
El subsecretario de Seguridad, Carlos Vilas, en cambio, fue más terminante. “No se puede otorgar a un funcionario administrativo, como es un policía, facultades de carácter legislativas de producir, nombrar y regular el comportamiento de la ciudadanía. La gente tiene desconfianza de la policía, porque basta el mal comportamiento o abuso de algún efectivo para que generalice la crítica y eso queda evidenciado en la reticencia de la gente a hacer denuncias.”
Precisamente, el miércoles pasado, los propietarios del 4º piso de Conesa 2151, asaltados por tres jóvenes, desistieron de hacer la denuncia por temor a la policía. El propio Fernando de la Rúa tomó el mismo camino tras ser asaltado su hijo Aíto, aunque probablemente se trate de otros motivos: en el ‘96, la Convención Constituyente erradicó los edictos. Durante los debates, De la Rúa, por entonces jefe de gobierno porteño, fue el principal adalid de los edictos o, al menos, de recuperar la dudosa figura del merodeo y el acecho.
“Una vez más se pretende instalar el criterio de portación de cara, de apariencia física, de origen social y color de piel para juzgar la conducta de las personas”, cuestionó también María Elena Naddeo. Y Roque Bellomo aseguró a Página/12 que “son normas aberrantes que permiten al jefe policial detener y condenar a quien quiera”.
Todos coinciden en que confundir las contravenciones con la solución de los graves problemas de inseguridad es tan erróneo como ficticio. “Están haciendo campaña –dijo una fuente de la Legislatura–. Hay un proyecto de Jorge Enríquez (UCR) que propone modificar todo el Código de Convivencia. Un artículo sostiene que se puede detener a personas que estén cerca de un banco, cajero, auto, estacionamiento, puerta. O sea, hay que detener a todo el mundo.” Enríquez es miembro de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, conocida en los pasillos legislativos como “la Comisaría”.
“Con los edictos buscan perseguir indigentes, cartoneros, asambleístas, piqueteros, manifestantes, y a los nuevos emergentes del desamparo y las políticas de ajuste”, sostuvo el defensor adjunto porteño, Gustavo Lesbegueris. “La policía –dijo María del Carmen Verdú, de la Correpi– quiere volver a los edictos para ejercer control social sobre los sectores más desamparados, y recuperar esa generosa fuente de ingresos ilegales.”
Si hipotéticamente se diera el caso de que los edictos policiales regurgitaran, el primero en ser detenido sería el propio Giacomino: el jefe de la Federal infringió el artículo 1º, inciso b, del edicto sobre “Desórdenes”, que castiga a “los que perturbaren el orden público decualquier manera que fuere”. Según el vago concepto de desorden del edicto, proponer desde un alto cargo público la violación de la Constitución porteña, es punible.