El Ministerio de Educación porteño está debatiendo por estos días cómo administrar unos 25 millones de pesos en subsidios destinados al funcionamiento de las escuelas públicas de la Ciudad. Esos fondos, hasta ahora, eran manejados por las asociaciones cooperadoras, integradas por padres y madres de alumnos y estudiantes. Parte de ellos, los correspondientes a mantenimiento de los edificios, pasarían a ser manejados directamente por los directores de las escuelas. El recorte de fondos a cooperadoras sería el primer paso de un proyecto para desplazar a esas asociaciones del manejo de presupuestos, y concentrar todas las compras y provisiones en la administración central.

El primer indicio de este cambio de criterio se dio en diciembre, cuando el ministro de Educación, Mariano Narodowski, le cambió el nombre al organismo encargado de la asignación de subsidios: ya no se llama Dirección de Cooperadoras y Comedores Escolares sino de Proyectos y Servicios a las Escuelas.

La titular del organismo, Cecilia Klappenbach, recibió el 12 de marzo último a una delegación de cooperadores en la que informó que este año los fondos para el mantenimiento edilicio de las escuelas serían manejados por los directores de cada escuela. Esa medida vendría a subsanar el hueco que quedó con la eliminación de los subsidios para mantenimiento, mediante la ley de emergencia edilicia sancionada el 29 de noviembre de 2007.

Esa ley preveía que las mejoras en los edificios en las escuelas estarían a cargo del Ministerio: para eso la Legislatura habilitó un presupuesto extraordinario estimado en 180 millones de pesos y la posibilidad de realizar obras mediante contrataciones directas o licitaciones privadas.

Pero el receso pasó como un suspiro, y el gobierno porteño sólo pudo realizar trabajos en una decena de escuelas, cuando el propio jefe de gobierno, Mauricio Macri, había alertado que “el 65 por ciento de los edificios presenta riesgos para docentes y alumnos”.

El ministerio puso en marcha el 3 de marzo, con el inicio del ciclo lectivo, un call center dependiente de la Dirección de Infraestructura, desde donde se respondería a las demandas de reparaciones en los edificios, que antes se atendían mediante los subsidios de mantenimiento. “Ese servicio no es eficiente, ya que demoran no menos de una semana para atender un problema eléctrico o una pérdida de agua, el personal que viene no siempre es idóneo y concurre sin herramientas de trabajo”, se quejó la directora de una escuela que pidió reserva de identidad (propia y del establecimiento) para no vulnerar la norma que les prohíbe hablar con la prensa (ver aparte).

En ese contexto aparece la propuesta de otorgar un “fondo rotatorio” que manejaría la dirección. “Ese fondo no superaría el 50 por ciento de lo recibido el año pasado por Mantenimiento Edilicio”, les explicó Klappenbach a los delegados de las cooperadoras. Ese dinero estaría destinado a “gastos de desinfección y limpieza de tanques, compra de artículos de limpieza y de escritorio, rotura de vidrios, recarga de matafuegos y recambio de lámparas y tubos”, entre otros, les precisó.

Aunque la medida está en estudio, su divulgación generó inquietud en las conducciones de las escuelas: los directores deberán dividir su tiempo entre las tareas educativas y las administrativo-contables. Es que esos fondos –entre 4 y 10 mil pesos anuales, según las características de la escuela– deberán ser rendidos por los propios directores. Un problema adicional: el ministerio deberá abrir más de mil cuentas bancarias a nombre de los directores para depositar esos fondos. Otra idea que se baraja es la designación de administradores que se dediquen a la gestión de esos fondos.

La administración de subsidios y realización de tareas de mantenimiento venía siendo desarrollada hasta ahora por las cooperadoras. La realidad de esas asociaciones no es homogénea: “El 22 por ciento de los subsidios depositados en 2006 todavía no fue rendido: son 5,7 millones sobre un total de 26 millones”, dice una fuente del ministerio, citando una auditoría interna. Página/12 pidió los datos de esa auditoría, pero en el ministerio dicen que no están disponibles. Por eso es imposible saber cuántas de las 714 cooperadoras están en esa situación.

“Esas cifras no nos constan”, responde Oscar Poletti, delegado de las Cooperadoras del Distrito Escolar 1º. “Sabemos que algunas tienen atrasos con las rendiciones, que están más vinculados con problemas organizativos que con posible corrupción”, aclara. Para el delegado, “los cuestionamientos a las cooperadoras apuntan a centralizar los trabajos y las compras sin licitación y sin el control de los padres”.

Fuentes de la ex Dirección de Cooperadoras revelaron a este diario que una de las ideas en danza es quitar a las cooperadoras el manejo de todos los subsidios (actualmente administran los destinados a equipamiento y compra de material didáctico) y dejarles sólo la gestión de los recursos obtenidos por el cobro de cuotas sociales. “No se pudo hacer ahora porque esos subsidios están reglamentados por ordenanzas. Una eventual modificación debe pasar por la Legislatura.”

En ese contexto, los delegados de las cooperadoras de toda la Ciudad le pidieron por escrito a la directora de Proyectos y Servicios a las Escuelas, el cumplimiento de las normas que promueven su participación, como el artículo 123 de la Ley de Educación nacional: “Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal”.